El Gobierno regional ha solicitado que la nueva reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que entrará en vigor a partir de 2014, contemple un marco legal suficiente que asegure las rentas de los agricultores y la rentabilidad de las explotaciones. Asimismo, pide que se incorporen mecanismos de gestión de crisis y mercados "más ágiles y eficaces" y muestra su preocupación por la "excesiva burocratización" que se desprende de las filtraciones sobre los nuevos reglamentos.

El director general para la Política Agrícola Común, Joaquín Maestre, trasladó ayer en Madrid estas propuestas en una reunión de carácter extraordinario que la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, mantuvo con representantes de las comunidades autónomas.

El objetivo de este encuentro, a partir del cual se ha establecido un nuevo calendario de mesas de trabajo para los próximos días, es establecer una posición común en defensa del sector agrario español, ante la propuesta formal sobre el contenido legislativo de la nueva PAC que la Comisión Europea presentará el próximo 13 de octubre en Madrid.

Según Maestre, "intentamos definir una posición común de la agricultura española ante la reforma de la PAC para que sea trasladada al Consejo de Ministros de la UE el próximo 20 de octubre". El directo general indicó que "es positivo que lancemos un mensaje único y común en defensa de la agricultura española", pero lamentó la "tardanza" del Ministerio en convocar estas reuniones técnicas de posicionamiento con las comunidades.

En este sentido, la Consejería de Agricultura y Agua remitió el pasado año al Ministerio y a la Comisión Europea el posicionamiento de la Región y del sector agrario regional sobre la nueva PAC a partir de 2014. En este documento se solicitaba una política agraria europea que fuera sencilla, segura, sostenible y social. "Aunque parece que los nuevos mecanismos van a cambiar sustancialmente lo existente, estas premisas siguen siendo válidas", explicó Maestre.