La disponibilidad de financiación ajena y las condiciones de acceso al crédito son dos factores que tienen una incidencia decisiva en el desarrollo de la actividad empresarial y, por ende, en el crecimiento económico y en la creación de empleo.

Así, al igual que la expansión crediticia de la pasada década contribuyó al largo periodo de prosperidad vivido en España, el giro constatado desde la irrupción de la crisis ha llevado a un entorno que dificulta la normal actividad de empresas solventes, el surgimiento de iniciativas emprendedoras y la consolidación de los proyectos de inversión existentes.

De hecho, se constata que España se encuentra en una situación de retraso respecto a los principales países de la Zona Euro no solo en cuanto a recuperación económica se refiere, sino también en la restauración del flujo de crédito a las empresas, y particularmente a pymes. Significativo resulta que una de cada cuatro empresas fracasara en su intento de obtener un préstamo en 2010 –tal como señala el INE-, o que los préstamos a las empresas españolas siga contrayéndose en 2011, mientras se apunta ya a una leve recuperación en la Zona Euro, según destacaba recientemente CEOE.

En el caso de la Región de Murcia, la situación es análoga a la nacional. En el primer trimestre de 2011, el crédito total concedido por las entidades financieras al sector privado regional se había reducido en 1.120 millones de euros (-2,3%), según datos del Banco de España. Si se compara con el escenario existente en las primeras etapas de la crisis, (cuarto trimestre de 2008), la contracción crediticia es aún mayor, cercana a los 3.000 millones de euros (-2.854 millones, -5,7%).

Esta situación contrasta, en cambio, con la concesión de créditos al sector público, que anota un avance de 565 millones en el último año (+48,3%), y se ha más que duplicado (+1.007 millones, +138,3%) desde el cierre de 2008. A ello se añadiría, además, la financiación que las Administraciones Públicas obtienen a costa de las empresas, con la dilatación excesiva de los plazos de pago.    

Por tanto, se detectan dos problemas fundamentales. Por una parte, el “efecto expulsión” del sector privado de los canales de acceso al crédito. Por otra, el retraso en el pago que acumulan las Administraciones Públicas, que compromete la liquidez de las empresas. Por ello, desde CROEM se insiste en la necesidad de:

·      Adoptar medidas que eviten que problemas de liquidez de las empresas acaben convirtiéndose en problemas de solvencia, limitando en todo caso el grado de exposición personal del empresario en las operaciones de financiación.

·      Reducción urgente de la deuda comercial de las Administraciones Públicas, evitando que un distanciamiento significativo entre obligaciones reconocidas y pagos realizados.