La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, CONSUMUR, informa de la denuncia realizada por FACUA-Consumidores en Acción, en la cual CONSUMUR está integrada, a la cadena de establecimientos de telecomunicaciones The Phone House por penalizar a los usuarios que cancelan solicitudes de portabilidad de sus números de teléfono.

La empresa establece en sus condiciones que "la solicitud de portabilidad llevará asociada un depósito de 50 euros por gastos de gestión que será devuelto al cliente una vez activada la portabilidad satisfactoriamente o en caso de imposibilidad técnica de dicha activación". "Si se solicitara la cancelación una vez activado el proceso", continúa, "no se reembolsará dicho depósito".La organización advierte que estas prácticas resultan abusivas y vulneran la legislación en materia de comercio y defensa de los consumidores, que prohíben expresamente cobrar cualquier cantidad como consecuencia del desistimiento de un contrato.

Ante la falta de respuesta de The Phone House al requerimiento de FACUA para que dejara de cobrar ninguna cantidad ante la posible cancelación de las portabilidades, la organización ha denunciado a la empresa ante organismos competentes en materia de telecomunicaciones y protección de los consumidores a nivel nacional y autonómico.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha emitido una resolución, fechada el 28 de abril, en la que advierte que "las leyes de Defensa de los Consumidores y Usuarios y de Ordenación del Comercio Minorista impiden expresamente cobrar al usuario algún tipo de gasto incurrido por el operador como consecuencia del desistimiento del contrato, como es la cancelación de la solicitud de portabilidad necesaria para la prestación de sus servicios".

"Además", prosigue la resolución, "tampoco es posible fijar al usuario garantías o anticipos de pagos previos a la prestación del servicio que aseguren un eventual resarcimiento del operador para el caso de que se ejercite la cancelación de la portabilidad numérica".

La organización espera que en el ejercicio de sus competencias, el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad inste a The Phone House al cese de estas prácticas y, en caso contrario, solicite a las autoridades de consumo autonómicas que sancionen a la empresa.