La organización ecologista exige responsabilidades a quienes autorizaron una infraestructura innecesaria, creada para sostener la especulación urbanística en el litoral, y que ahora será rescatada con dinero público.

Ecologistas en Acción ha expresado su indignación con el anuncio de que el Ministerio de Fomento rescatará con 8,3 millones de euros de las arcas públicas a la concesionaria de la autopista Cartagena-Vera (Aucosta).

Y apuntan que resulta difícil entender que "en tiempo de crisis se siga ayudando con dinero público a quienes precisamente han contribuido a crear la burbuja inmobiliaria y especulativa que finalmente ha desencadenado la crisis que sufre el conjunto de los ciudadanos".

Para la organización ecologista el problema no es que haya habido un descenso de viajeros en la autopista Cartagena-Vera (AP-7), como argumenta la concesionaria, sino que nunca se ha llegado a niveles rentables de tráfico, por que su construcción se basó en criterios puramente especulativos y no en criterios objetivos de intensidad de tráfico existente, por lo que "esta gran infraestructura se sabía que era absolutamente innecesaria desde el principio, y sólo respondía al interés de los movimientos especulativos en el litoral, tal y como denunciamos en su día desde diversos colectivos".

Pedro Luengo, coordinador regional de Ecologistas en Acción, explica que realmente "el escaso tráfico de la autopista como Cartagena-Vera era previsible y se sabía que iba a ser así. De hecho siempre hemos  argumentado que se trataba de una infraestructura absurda, de gran impacto, innecesaria, y que  sólo tenía sentido para sostener la oleada de especulación urbanística que durante varios años ha asolado la Región, dejando tras su paso una grave crisis económica e institucional, con innumerables episodios de corrupción política".

Luengo añade que además  "desde el inicio hemos cuestionado la necesidad de una autopista que atraviesa y malogra la Marina de Cope y el hábitat de especies tan importantes como la tortuga mora. E impide una adecuada gestión tanto de la Red Natura 2000 presente en Marina de Cope, como del propio Parque Natural Costero-Litoral declarado como tal en 1992".

Y concluye que "es una vergüenza que no se aplique el principio de sostenibilidad, ni el de que quien contamine que pague, a una infraestructura basada en la avaricia, y que ahora, en momentos de crisis, se rescate con fondos públicos, a la vez que se resienten por falta de financiación pública servicios básicos que sí que benefician al conjunto de los ciudadanos".