Región

Los sindicatos de enseñanza FE de CCOO y Fete-UGT denuncian que la Consejería de Educación no convoca la Mesa Sectorial

para negociar las Órdenes de Criterios de Cupo de primaria y secundaria y el Calendario de Final de Curso.

Mientras el consejero de Educación se niega a convocar la Mesa Sectorial, único órgano de negociación establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), encarga al militante del PP Ramírez Burgos que, en una reunión de amiguetes, pastelee y chalanee con sus sindicatos afines el contenido de estas normas.

Los sindicatos de enseñanza del Comité de Resistencia recuerdan que tienen la representación mayoritaria del profesorado de la escuela pública murciana, que las Órdenes de Cupo abordan asuntos que afectan a las condiciones de trabajo del profesorado por ellas representado y que según el EBEP las condiciones de trabajo deben ser objeto de negociación con los representantes sindicales.

El consejero Sotoca insiste en encargar al Director General de Recursos Humanos que convoque "grupos de trabajo" que no son órganos de negociación ni están previstos en el EBEP, en tanto que se niega a convocar la Mesa Sectorial a pesar de que le ha sido solicitada por los tres sindicatos, lo que supone una violación del reglamento de la Mesa.

En las reuniones "de trabajo" que convoca Ramírez Burgos, como la que ha tenido lugar en la mañana de hoy 7 de junio, participan los sindicatos sumisos ANPE y SIDI y toda la escala de mando de la Dirección General de Recursos Humanos: Director General, Subdirector General, Jefe de Servicio de Personal Docente y Jefe de Servicio de Planificación y Provisión de Efectivos. Es decir que el militante del PP Ramírez Burgos pone al servicio de los sindicatos afines a su partido el trabajo de personas que ocupan puestos técnicos en la Administración, y todo ello en el horario de trabajo de todos estos funcionarios. Con este comportamiento se violan los principios a los que debe ajustarse el funcionamiento de la Administración: servir con objetividad los intereses generales con pleno sometimiento a la ley y el Derecho, garantizando la imparcialidad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

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