Quienes han faltado gravemente al respeto al profesorado murciano son el Gobierno Valcárcel y el grupo popular de la Asamblea con las llamadas Leyes de Recortes.

La propuesta de reconocer la condición de autoridad a los docentes para, en palabras del político conservador, “restablecer el respeto que nunca debió perderse” es un sarcasmo hiriente, pues proviene de quien ha sido responsable absoluto de la educación en nuestra región los últimos 12 años, y por tanto de su estado de postración, y ha protagonizado en el último semestre la más grave agresión a la escuela pública, sus recursos y sus trabajadores que se recuerda en la etapa democrática.

Pensar que los tremendos déficits del sistema educativo murciano: la más alta tasa de fracaso escolar, la más alta tasa de abandono escolar temprano y las peores tasas de idoneidad de todo el estado, tras Ceuta y Melilla, se pueden “maquillar”  con propuestas vacías de contenido es equivocarse gravemente en el diagnóstico y en el tratamiento.

La pretendida Ley de Autoridad del Profesorado que anuncia Valcárcel, en la estela de las de Aguirre en Madrid y Núñez Feijó en Galicia, es un artificio que no aporta ninguna novedad y que intenta contentar al profesorado con baratijas conceptuales mientras el gobierno empeora y agrede las condiciones de trabajo de los profesionales de la educación.

También es lastimosa la referencia a objetivos compartidos por todos los componentes de la comunidad educativa en el Pacto Social, cuando esos objetivos han sido traicionados por Valcárcel y su gobierno, se han desatendido y dejado sin la necesaria y adecuada financiación y cuando, finalmente, el Pacto Social ha fracasado estrepitosamente quedando en él únicamente los empresarios de la enseñanza y las organizaciones pantalla del PP regional.

Todo el resto de declaraciones son meras promesas electorales que están en contradicción con la práctica del gobierno regional consistente en la desregulación del sector y en la clara intención de avanzar en la privatización de la enseñanza pública a la que se va desmantelando y a la que se pretende reducir a un papel residual de atención a sectores marginales.