La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, CONSUMUR, y FACUA-Consumidores en Acción critican que una vez más, el Gobierno ha cedido a las presiones de la banca contra la puesta en marcha de medidas regulatorias que protejan a los usuarios y ha excluido al sector de la futura Ley de Servicios de Atención al Cliente (SAC).

La organización lamenta que el Gobierno vuelva a dar la espalda a los consumidores para satisfacer los intereses del sector financiero, posponiendo la regulación de una cuestión de especial relevancia teniendo en cuenta el importante aumento de las reclamaciones que se viene produciendo en los últimos años fruto del incremento de los abusos y fraudes cometidos por la banca.

El borrador de Anteproyecto de Ley que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad debatió con las comunidades autónomas y después, en marzo, envió a las asociaciones de consumidores ha sufrido modificaciones de envergadura por las que numerosas empresas de servicios de interés general quedarán libres de la regulación.

El caso más grave es el del sector financiero y asegurador, que ha sido eliminado de la última versión del Anteproyecto, sobre el que el Consejo de Ministros aprobó un informe emitido por la ministra Leire Pajín el pasado 1 de abril.

Así, de momento, las entidades financieras no tendrán que contar con teléfonos gratuitos para atender a los usuarios ni confirmarles por escrito la recepción de sus reclamaciones. Tampoco verán reducido aún el largo plazo que tienen para contestarlas, nada menos que dos meses, según establece una Orden de 2004 del Ministerio de Economía.

La excusa dada en el Anteproyecto para excluirlas es que será otra norma la que regule sus servicios de atención al cliente, aunque la organización advierte que teniendo en cuenta los plazos previstos, posiblemente será el próximo Gobierno el que decida cómo lo hace.

Así, el Anteproyecto ha incorporado una disposición adicional primera, sobre el "sector de servicios financieros y de seguros", en la que dice que "en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor (...) se aprobarán las normas necesarias para garantizar" la calidad de sus servicios de atención al cliente en términos "análogos", y por tanto no necesariamente idénticos, a los de la Ley SAC.