Región

Las fases de expropiación de la autovía A-33 siguen su curso habitual y ya se han realizado la mayoría de los pagos

El PP, en lugar de preocuparse por infraestructuras que se están llevando a cabo es hacerlo por las que la Comunidad Autónoma prometió e incumplió

El TSJ condenó a la Comunidad Autónoma por ocupación ilegal de terrenos que no estaban expropiados.

La Delegación del Gobierno en Murcia, en relación a las palabras del diputado del grupo popular Jesús Cano, informa de que las distintas fases de expropiación de los afectados por la construcción de la autovía estatal A-33 entre Blanca y Jumilla siguen su curso habitual y que ya se han realizado la mayoría de los pagos.

Concretamente a principios de este año se pagaron las cantidades relativas a los depósitos previos, las que corresponden a rápida ocupación y a todas aquellos propietarios que firmaron los mutuos acuerdos. Sólo aquellas personas que no han entregado datos o que están pendientes del jurado de expropiación forzosa no han recibido las cantidades que le corresponden.

El Gobierno de España trabaja para que la Región de Murcia sea una comunidad competente en cuanto a comunicaciones por carretera, con el único objetivo de facilitar la vida a los ciudadanos. En cambio, al parecer, la única intención del partido popular es la de confundir a los murcianos negando el esfuerzo que realiza el Gobierno de España en todos los sentidos.

Lo que tiene que hacer el diputado Jesús Cano en vez de preocuparse por infraestructuras que se están llevando a cabo, es hacerlo por las actuaciones que el Gobierno regional dijo que haría y que en realidad no está haciendo, como la autovía de la Venta del Olivo a Jumilla, que ha resultado ser otra de las muchas promesas incumplidas del Gobierno de Valcárcel.

Además, desde el Ministerio de Fomento se hacen las cosas correctamente y se cumple cada una de las fases con pulcritud, no puede decir lo mismo el Gobierno regional cuando ayer se dio a conocer una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia por 'ocupación ilegal' que obliga a la Comunidad Autónoma a indemnizar con 27.500 euros al propietario de unos terrenos que fueron ocupados y dañados para hacer las obras de conexión de la A-7 con el Campo de Cartagena a la altura de Alhama, y que no habían sido expropiados.

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