La Consejería de Justicia y Seguridad Ciudadana participa junto a la Universidad de Murcia en un proyecto de investigación pionero en España, que permitirá determinar las implicaciones que tiene el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el ámbito de la imputabilidad, para poder considerar a una persona criminalmente responsable en el marco de la legislación penal común o de menores.

El objeto del estudio es analizar la prevalencia de estos trastornos en las acciones desarrolladas por el sujeto infractor para elaborar una valoración judicial adecuada entre el hecho y la responsabilidad de la persona. Este proyecto también abre la participación a jueces, fiscales, abogados y miembros de las instituciones penitenciarias. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad supone una disfunción biológica que afecta a las funciones implicadas en la capacidad de autocontrol.

El consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, se reunió hoy con el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad, Fulgencio Madrid; el catedrático de Derecho penal y director del departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Murcia, Jaime Peris, y el profesor titular de Derecho penal y vicedecano de la Facultad de Derecho, David Morillas.

Campos resaltó que "con este estudio, la Región de Murcia se sitúa a la vanguardia de la investigación en temas de imputabilidad que afectan a jóvenes infractores con este tipo de trastornos, que hasta el momento no habían sido lo suficientemente investigados y que podrían suponer una disminución de la responsabilidad penal".

El consejero indicó que "en el ámbito de la imputabilidad, pieza angular de la culpabilidad, hay que profundizar en la investigación para conocer cualquier circunstancia que pueda suponer un déficit en el entendimiento, capacidad y voluntad, lo que determinaría efectos importantísimos a la hora de valorar las consecuencias jurídicas de los hechos con relevancia penal".

La investigación, que se prolongará durante tres años, comenzará con la evaluación y divulgación, para finalmente establecer unas pautas científicas que permitan identificar, con mayor seguridad y fiabilidad, los supuestos condicionantes que puedan determinar un déficit en la capacidad y la voluntad de las personas.

Una línea de estudio se centrará en investigar las posibilidades que ofrece el tratamiento de estos trastornos para las personas sometidas a penas y medidas judiciales, con el fin de actuar sobre las causas que están en el origen de la conducta desviada para garantizar su reinserción, así como ofrecer alternativas de tratamiento que permitan mejorar las posibilidades de éxito en la ejecución de las medidas y penas.

La Consejería, a través de la Dirección General de Prevención de la Violencia de Género y Reforma Juvenil, participará en este proyecto de investigación mediante la elaboración de protocolos de actuación que permitan conocer la incidencia que tiene el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los jóvenes infractores.