Los equipos directivos de los centros educativos públicos siguen recibiendo llamadas telefónicas para reclamar información sobre celebración de actos de protesta contra la Ley 5/2010, nivel de seguimiento y datos personales  de los participantes.

De esta manera se confirman actuaciones precedentes en el mismo sentido, que ya denunció esta Federación de Enseñanza. En este caso, las personas que interpelan a los equipos directivo lo hacen por vía oral exclusivamente, no atendiendo a la petición de los responsables de centros de remitir dichas instrucciones por escrito.

La Federación de Enseñanza de CCOO, tras recibir innumerables llamadas de responsables de centros educativos públicos, desmiente el desmentido de la Consejería de fecha 5 de febrero del presente, cuando se limitó a reconocer implícitamente esta misma actuación del Servicio de Inspección, por más que intentara disfrazarlo como su obligación de “recordar a los centros la obligación de comunicar cualquier incidencia que se produzca y que pueda alterar el desarrollo normal de las clases, así como la obligación de cumplir la normativa vigente en el ámbito educativo”. En ningún momento los docentes han protagonizado actuación alguna en detrimento de sus obligaciones ni incumpliendo la normativa vigente.

Más grave aún es el distinto tono con que los inspectores se dirigen a los responsables de centros, dando a entender bien una actitud indecisa o un criterio desigual dependiendo del profesional que ejecute la llamada.

Desde la Federación de Enseñanza animamos a los docentes y al personal de administración y servicios a continuar con las medidas de protesta previstas en los centros.