La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, explica en la Asamblea los pormenores del Proyecto de Ley que regulará el acceso a los espectáculos públicos en la Región

La futura norma, que cuenta ya con el informe favorable de todos los órganos consultivos, contempla sanciones de hasta 300.000 euros en caso de infracciones muy graves

La Comunidad Autónoma convocará este año las primeras pruebas para la obtención del carné de controlador de accesos, en virtud de la nueva Ley de Admisión en Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Región de Murcia, cuya tramitación parlamentaria para su aprobación definitiva comenzó hoy en la Asamblea.

La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, explicó ante el pleno de la Cámara que la Ley establece que los controladores de accesos deberán ser legalmente habilitados para esta función mediante la obtención de un carné, que tendrá una vigencia de cuatro años, período tras el cual tendrá que renovarse.

Las pruebas de aptitud comprenderán un módulo teórico y otro práctico, y la formación previa será impartida por entidades colaboradoras, que podrán ser entidades locales, empresas, organizaciones empresariales, sindicales o de consumidores, corporaciones profesionales o el propio Servicio Regional de Empleo y Formación, previa habilitación por la consejería competente en materia de espectáculos públicos.

Protección de los usuarios

Reverte explicó que la principal característica de la Ley es el régimen de habilitación de personas cualificadas para controlar los accesos a los espectáculos públicos, que, tras obtener el correspondiente carné, quedarán inscritas en un Registro regional cuya creación prevé la futura norma.

La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas subrayó que la Ley garantiza la protección de los usuarios de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos y señaló que su objetivo es "evitar y erradicar cualquier situación abusiva o discriminatoria que afecte a los derechos reconocidos constitucionalmente a las personas, empezando por el derecho a la integridad física y moral".

Reverte remarcó que el texto cuenta con el visto bueno de todos lo órganos consultivos de la Administración regional (Consejo Asesor de Consumo, Consejo de Empleo y Formación, Consejo Regional de Cooperación Local, el Consejo Económico y Social, y el Consejo Jurídico de la Región de Murcia) en los que están representadas todas las organizaciones sociales, así como las principales organizaciones de consumidores y usuarios de la Región.

Limitaciones de acceso

El texto preserva el derecho de igualdad entre los usuarios, por lo que prohíbe expresamente que los establecimientos establezcan condiciones de admisión que contravengan el artículo 14 de la Constitución Española, que estén basadas en juicios de valor sobre la apariencia estética, o que discriminen a las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, entre otras.

La Ley regula así mismo las limitaciones de acceso, para lo que faculta a los titulares de las actividades y locales a impedir la entrada en determinados supuestos, como cuando se haya completado el aforo, se haya cumplido el horario de cierre, se carezca de la edad mínima establecida, o bien los usuarios manifiesten actitudes violentas, muestren síntomas de haber consumido drogas o sustancias estupefacientes, porten armas u objetos susceptibles de ser utilizados como tales y lleven ropa o símbolos que inciten a la violencia, el racismo o la xenofobia.

La Ley se completa con un régimen sancionador, en el que se tipifican los diferentes tipos de infracciones, que podrán sancionadas hasta con 600 euros las leves, 30.000 las graves, y 300.000 euros las muy graves y en el caso de que éstas sean acumulativas. La Ley atribuye a las corporaciones municipales la labor de inspección y control, como ya desempeñan en la actualidad.