Izquierda Unida-Verdes ha presentado una moción en la Asamblea regional para que el Gobierno autonómico refinancie la deuda pública que ha contraído con las entidades financieras, con el fin de ampliar el plazo de amortización de la misma, lo que haría "innecesaria" la aplicación de la Ley de Medidas Extraordinarias.

Así lo ha anunciado hoy el portavoz de la coalición de izquierdas en el Parlamento autonómico y candidato a la presidencia de la Comunidad, José Antonio Pujante, quien ha indicado que su propuesta, junto a otras medidas como el impulso de una reforma fiscal progresiva, supondría un "desahogo" para el estado financiero de la Región.

Ha señalado que una ampliación del pago de la deuda de la Región de Murcia conllevaría además un "alivio" en las cuentas públicas, al tiempo que supone, según ha añadido, "un argumento de peso" para que el Ejecutivo murciano derogue la Ley de Medidas Extraordinarias, a la que ha considerado "injusta e inaceptable".

Por otro lado, Pujante ha afirmado que IU-Verdes ha presentado en el Parlamento autonómico otra moción para la creación de un pacto fiscal y social en la Región de Murcia en colaboración con fuerzas políticas y agentes sociales, que tenga por objetivo cambiar el modelo de desarrollo desde la educación, la sanidad y la política social.

En este sentido, ha señalado que el pacto incluye la puesta en marcha de una reforma fiscal progresiva que permita que aquellos con más recursos económicos aporten más a las arcas regionales; la participación de los ayuntamientos en los tributos de la Comunidad y el impulso de la formación profesional y lucha contra el fracaso escolar.

También contempla, en palabras de Pujante, una reforma del sistema público sanitario que pase por una reducción del gasto farmacéutico y la reorientación de la política de salud sobre los ejes de la prevención y promoción, así como una descentralización de las políticas sociales a favor de los consistorios.

Asimismo, apuesta por una política permanente de austeridad en la Administración pública que no afecte a servicios básicos como la educación y la sanidad, y por la "transparencia" y fácil acceso de los ciudadanos a la información pública.