Región

La Comisión Mixta de Transferencias ultima los trabajos técnicos que permitirán a la Comunidad asumir las competencias de Justicia

El consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, asiste a la reunión de esta Comisión que elaborará el proyecto de Decreto sobre el traspaso de servicios y medios a la Región de Murcia

El Gobierno regional continúa los trabajos técnicos para materializar la asunción de las competencias de Justicia el próximo 1 de enero de 2011. Para ello, el consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, acudió el pasado miércoles a Madrid para asistir a la reunión de la ponencia técnica de la Comisión Mixta de Transferencias, integrada por representantes de la Comunidad y de los ministerios de Justicia, Hacienda y Política Territorial.

Manuel Campos, acompañado por la directora del Gabinete de la Consejería de Justicia, Ana Torrente, se reunió con el director general de Desarrollo Autonómico, Fernando Gurrea, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Caridad Hernández, para analizar los distintos capítulos presupuestarios y ultimar el importe exacto del traspaso.

En el encuentro se fijó el calendario de los trabajos que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses, para que en diciembre el Consejo de Ministros apruebe finalmente el Real Decreto por el que la Región de Murcia asumirá definitivamente las competencias de Justicia el próximo 1 de enero.

El consejero de Justicia señaló que el traspaso de servicios y medios materiales, personales y económicos está "prácticamente cerrado" y resaltó que "la reunión se celebró en términos de máxima cordialidad entre todas las partes que integran la Comisión Mixta de Transferencias".

Acuerdo sobre las transferencias

El presidente del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, acordó el pasado 29 de julio en Madrid con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la transferencia de las competencias de Justicia a la Región por un coste efectivo próximo a los 70 millones de euros, cantidad a la que hay que añadir un pago único de 4,5 millones de euros y otro millón en inversiones informáticas y la propiedad de todos los inmuebles judiciales de la Región con su mobiliario y dotación informática.

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