La diputada regional Teresa Rosique anunció que el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia de la consejera de Sanidad en la Asamblea Regional "para que explique el alcance de la contratación del servicio público de tratamiento de diálisis en el Área de Salud número II (Cartagena) y en el Área de Salud número VIII (Mar Menor).
Teresa Rosique afirmó que la consejera "debe clarificar varios puntos importantes sobre el anuncio de contratación que ha hecho hoy, pues el contrato para la prestación de este servicio firmado en 2004 para 4 años con una empresa privada tenía un coste económico de 2,5 millones de euros anuales, mientras que el que la consejera pretende firmar ahora para 6 años (y que ya está en fase de licitación) tendrá un coste anual de más de 10 millones de euros sólo para Cartagena".
"Estamos hablando de un contrato de una cuantía muy importante, en el que se adjudicará la gestión del servicio de diálisis para el Área de Salud número II y para el Área número VIII con un precio en total de 80 millones de euros, 63 para el Área número II, y 17,6 millones para el Área número VIII", añadió.
Teresa Rosique considera que el incremento del precio del contrato podría suponer una ampliación del marco de la privatización del servicio, "lo que debe ser aclarado por la consejera". "Sería sorprendente, y no estaría justificado, que se ampliara dicha privataización, cuando va a entrar en funcionamiento el hospital de Santa Lucía y hay una petición unánime de la Asamblea Regional en la que se pide al Gobierno regional que el Rosell se convierta en el segundo hospital de Cartagena".
Finalmente, a la diputada socialista también le parece extraño que los criterios de adjudicación se establezcan en base a la cuantía económica y no se valoren otro tipo de mejoras, "máxime cuando se trata de un servicio tan importante en la atención de los enfermos".
El Partido Socialista apuesta por la Sanidad pública y considera que es desde la misma desde donde mejor se garantiza la prestación de los servicios sanitarios. No queremos pensar que con este tipo de contrato se abre la puerta a la privatización de otros servicios de estas áreas de salud.