Jesús López se preguntó de qué sirven los programas que defiende el PP si no se traducen en resultados

El responsable de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús López, manifestó, a propósito de las declaraciones de la secretaria de Educación del Partido Popular de la Región de Murcia "que resulta incomprensible y contradictorio" que existiendo coincidencia de objetivos en los programas para el éxito escolar entre Consejería y Ministerio, que es la columna vertebral del Pacto estatal por la Educación, que el PP lo haya boicoteado, a pesar de que Murcia está en la cola de todos los indicadores educativos, como el abandono temprano, la tasa de población que se gradúa en ESO o las tasas de idoneidad.

En referencia al Pacto regional por la Educación, López señaló que lo que tiene que hacer el PP es exigir a la Consejería que lo cumpla. "En este momento existen muchas dudas de que se materialice uno de los principales objetivos del pacto, que es la necesaria modernización de infraestructuras educativas o las líneas de aproximación a la sociedad, así como la potenciación del tratamiento a la diversidad en la educación Primaria".

Nuevas construcciones

El diputado resaltó que en época de bonanza el Gobierno regional no emprendió las mejoras necesarias en materia educativa y ahora con la crisis será más complicado que se lleven a cabo. Como ejemplo citó que todas las nuevas construcciones están realizándose mediante convenios con ayuntamientos a pagar en las próximas tres o cuatro anualidades o mediante el sistema de pago aplazado a las empresas constructoras que quieran participar en las licitaciones de nuevas infraestructuras. "Todavía estamos esperando ver cómo se materializarán estos procedimientos", apostilló.

Jesús López pidió más lealtad institucional al PP para el cumplimiento del Plan 2010-2011 del Ministerio, que requiere de la colaboración de las comunidades autónomas y contiene importantes medidas, entre otras, la nueva fase del Programa Escuela 2.0, "de vital importancia para la Región, aunque en su primera fase la Consejería no quiso firmarla, aún en contra de los intereses de los ciudadanos".