Los agentes sorprendieron a cuatro furtivos, uno de ellos reincidente, capturando los animales en una época y en un lugar prohibidos.

Algunos de los animales, que carecían de las preceptivas anillas de identificación, fueron devueltos al medio natural, y los restantes entregados en el centro de recuperación de fauna silvestre de Murcia.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en la denominada "OPERACIÓN PICO", han decomisado un total de 33 jilgueros ("Carduelis carduelis"), especie incluida dentro del grupo de las aves fringílidas, en una finca del término municipal de San Javier.

Las aves aprehendidas, ejemplares jóvenes en su mayoría, carecían de las anillas y documentación que acreditase la lícita tenencia por parte de sus poseedores, que intentaron darse a la fuga, sin éxito, al percatarse de la presencia de los agentes. Además de los especímenes, el SEPRONA se incautó de numerosos útiles para su captura ilegal, entre ellos varias redes y jaulas.

Uno de los autores del hecho, miembro de una sociedad ornitológica cultural silvestrista de la Región de Murcia, había sido ya denunciado en varias ocasiones al ser sorprendido por la Guardia Civil capturando ilegalmente este tipo de aves.

Los animales de más corta edad han sido entregados en el centro de recuperación de fauna silvestre "El Valle" de Murcia para su devolución, cuando se crea oportuno, al medio natural. Los restantes fueron directamente liberados por los agentes del SEPRONA.

Las actuaciones se enmarcan en un plan puesto recientemente en marcha por la Guardia Civil para el control de la captura, la tenencia y el comercio ilegales de aves fringílidas en la Región de Murcia.

La captura en estado silvestre de este tipo de aves para su adiestramiento al canto es una práctica cultural tradicional en la Región de Murcia que, según la normativa de aplicación, debe llevarse a cabo en condiciones estrictamente controladas y de un modo selectivo para garantizar la conservación de las especies. Para ello se emplea un sistema de anillamientos y autorizaciones expedidas por la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Comunidad Autónoma, organismo ante el que han sido denunciados los cuatro autores del hecho, por varias infracciones a la normativa en materia de protección de la fauna silvestre, entre ellas la captura en una época y en un lugar prohibidos, y superando ampliamente el número de ejemplares permitidos.

La captura no autorizada, la venta, el traspaso y el comercio de las especies fringílidas están terminantemente prohibidos.