El Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha acordado una nueva base de cooperación administrativa y los criterios para el reparto de créditos 2010-2013. El objetivo de este acuerdo es hacer que el reparto de fondos refleje el cumplimiento de la ley y el número de personas efectivamente atendidas, además de potenciar los servicios y dar más recursos para la formación de cuidadores.
NUEVO MARCO DE COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y CRITERIOS PARA EL REPARTO DE CRÉDITOS 2010-2013
Este nuevo marco incluye un sistema de reparto de fondos de carácter plurianual hasta 2013, en lugar de los convenios anuales que se venían desarrollando hasta ahora. Esto aportará una mayor estabilidad al sistema de financiación y permitirá a las comunidades autónomas conocer el criterio de reparto de los fondos de los años siguientes.
Asimismo, este acuerdo da una mayor relevancia en el reparto de fondos a la atención efectiva de personas dependientes, en detrimento del criterio de reparto basado en la población potencialmente dependiente, que irá perdiendo peso hasta 2013, año en que desaparecerá por completo. El 56% del dinero se repartirá de acuerdo al número de personas efectivamente atendidas, los servicios de dependencia prestados y el cumplimiento de acuerdos. Hasta ahora el 80% se concedía en función de la población potencialmente dependiente y el 20% según las personas que hubieran solicitado entrar en el sistema de atención a la dependencia.
Este año se van a repartir algo más de 283 millones de euros (283.197.420 €), y para su distribución se tomarán como referencia los datos que remitan las comunidades autónomas a 1 de julio.
Este nuevo marco de cooperación administrativa también compensará el coste de los servicios en las comunidades autónomas donde sea más caro y la desigualdad de capacidad adquisitiva de las personas beneficiarias.
Por último, este acuerdo destina fondos al cumplimiento de acuerdos del consejo territorial y a la formación de cuidadores no profesionales.
FINANCIACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
La financiación de la Ley de Dependencia por parte del Estado se establece en dos niveles: el nivel mínimo y el nivel acordado. El nivel mínimo es una cantidad de dinero por cada beneficiario, en función de su grado y nivel de dependencia. El nivel acordado, que se articula mediante convenios bilaterales con las comunidades autónomas, incrementa la financiación del nivel mínimo.