El director general de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, considera necesario regular mediante una legislación específica el desarrollo de nuevas prácticas de multiplicación del material vegetal en los cultivos hortícolas, como es la obtención de plantas injertas, y también intensificar los controles en la importación de semillas procedentes de terceros países.
De esta forma, dijo, “aseguraremos la defensa de los intereses de los obtentores de las empresas productoras de semillas y los agricultores podrán disponer de un material vegetal de elevada calidad, capaz de resistir frente a determinadas plagas y enfermedades”.
El responsable autonómico hizo estas declaraciones en la Jornada de puertas abiertas de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove) celebrada ayer en Los Alcázares, a la que asistieron representantes de los centros de investigación de las empresas productoras de semillas de plantas hortícolas asociadas que radican en la Región de Murcia, así como de la Oficina Española de Variedades Vegetales del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino y de la Consejería de Agricultura y Agua.
Según García Lidón, los sistemas de protección de los intereses de los obtentores de material vegetal “son legítimos”, ya que, dijo, “permiten asegurar la continuidad de los programas de investigación y de selección de nuevas variedades que se ajusten a las demandas del mercado, se adapten a las zonas de producción y aporten resistencias a los organismos nocivos, principalmente hongos y virosis”.
Royalties y patentes
Estos sistemas de protección se realizan mediante el pago de un ‘royalty’ para aquellas variedades registradas como protegidas, y también de patentes, como ocurre en Estados Unidos, que pueden llegar a establecerse incluso a un gen. Actualmente se debate este sistema en el seno de la Unión Europea.
García Lidón destacó que “aunque España tiene una escasa relevancia internacional como país productor de semillas hortícolas, sí destaca en la investigación y desarrollo de nuevas variedades y de los procesos de mejora vegetal”. Así, la inversión comunitaria en estos aspectos es de 200 millones de euros de los que unos 40 millones se generan en España y un 75 por ciento en las comunidades de Murcia y Almería.
Estos programas de investigación, concluyó el director general, “tienen un coste superior al millón de euros y requieren de un largo proceso de selección, ensayos en campo y desarrollo de más de 10 años”.