El plazo máximo entre la solicitud y el reconocimiento del derecho a recibir la prestación será de seis meses, según el acuerdo del último Consejo Territorial del 25 de enero

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha presentado hoy al Gobierno un informe sobre la aplicación, durante el año 2009, de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Este resumen incluye datos sobre la financiación de la Ley de Dependencia, la cobertura del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la cooperación con las comunidades autónomas y el desarrollo normativo de la Ley.

Del contenido de este informe se puede concluir que, a lo largo del año pasado, se produjo un crecimiento en la cobertura del SAAD y un importante esfuerzo presupuestario, lo que demuestra el compromiso del Gobierno de España con el mantenimiento y fortalecimiento de las políticas sociales puestas en marcha en los últimos cinco años.

COBERTURA DEL SISTEMA

Actualmente, 500.411 personas perciben las prestaciones reconocidas por la Ley de Dependencia. Esto supone que durante 2009 los beneficiarios de la Ley de Dependencia han aumentado un 131% respecto a los existentes en diciembre de 2008.

El número de prestaciones, a 27 de enero de 2010, es de 577.903, ya que un mismo beneficiario puede tener más de una prestación. Por tipo de prestaciones, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar representa casi el 50%, los servicios de atención residencial el 18% y la ayuda a domicilio el 11%.

Las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia son estos momentos 1.162.047. El 90% de los solicitantes, algo más de un millón de personas, ya han sido valorados y tienen el dictamen técnico. Tienen derecho a prestación 752.262 personas.

Respecto al perfil de los beneficiarios, y al igual que ocurre con las solicitudes, la mayoría son mujeres (el 67%) y un 70% supera los 65 años.

FONDO ESPECIAL PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO

El año pasado se puso en marcha una dotación de 400 millones de euros del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, destinados a facilitar el desarrollo y modernización de más de 50.000 servicios del SAAD. Estos 400 millones de euros han sido transferidos a las comunidades autónomas mediante la suscripción de los correspondientes Convenios de colaboración.

COOPERACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En el año 2009 se han celebrado dos Consejos Territoriales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que han permitido:

Fijar el marco de cooperación entre administraciones y los criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación del nivel acordado.

Llegar a un acuerdo sobre objetivos y contenidos comunes de la información del SAAD, para determinar los datos básicos que las comunidades autónomas han de trasladar al Sistema.

Alcanzar un acuerdo sobre criterios comunes en materia de formación e información de cuidadores no profesionales, cuya finalidad es establecer las condiciones mínimas que debe contener la formación básica y de apoyo a las personas cuidadoras.

El informe también incluye los acuerdos a los que llegó el Consejo Territorial del SAAD en la reunión celebrada el lunes 25 de enero, entre los que destacan:

Establecer un plazo máximo de seis meses entre la fecha de entrada de la solicitud y el reconocimiento del derecho de dependencia.

Reforzar la calidad de los cuidados en el entorno familiar, mediante el seguimiento de las condiciones en las que vive el beneficiario y el establecimiento de garantías de idoneidad de la persona cuidadora que recibe la prestación económica.

DESARROLLO NORMATIVO DE LA LEY

Durante 2009 se aprobaron varios reales decretos relacionados con el desarrollo normativo de la Ley de Dependencia, referidos a:

La determinación del nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del SAAD.

La cuantía de las prestaciones económicas de la dependencia para el ejercicio 2009.

La mejora en el libramiento de los fondos del nivel mínimo a las comunidades autónomas.