Murcia, 20 ene (EFE).- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ), en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, ha declarado nulos los despidos de varios trabajadores de una empresa que fueron represaliados por promover elecciones sindicales y a los que el propietario les comunicó que "tenía dinero para cerrarla e irse a Las Bahamas".

La Sala ha confirmado la sentencia de un juzgado de lo penal de julio pasado, que declaró la nulidad del despido de seis trabajadores y condenó a la empresa a su "inmediata readmisión en las mismas condiciones que tenían antes".

Afirma la sentencia que estos obreros de "L., S.L.", "conscientes de la problemática laboral que tenían con su empresa, decidieron constituir una representación ante la misma, y para ello celebraron dos reuniones".

Enterado el empresario de estas reuniones, "fue llamando a algunos de los que habían acudido a ellas, expresándoles su disgusto por la intención de presentar una solicitud de elecciones y diciéndoles concretamente que "tenía dinero para cerar la empresa e irse a Las Bahamas".

El día 3 de abril de 2009 procedió al despido de los seis trabajadores que ahora han ganado el juicio, "imputádoles en todos los casos la disminución del rendimiento normal del trabajo de forma reiterada e injustificada".

En las cartas de despido se reconocía la improcedencia del mismo ante la dificultad de probarlo y se ofrecía la indemnización correspondiente.

La empresa recurrió la sentencia del juzgado y pidió la revisión de varios hechos probados, la adición de determinados párrafos y la supresión de lo referido a Las Bahamas, pero la Sala no ha estimado estas alegaciones.

Comenta la sentencia del TSJ que "se aprecian indicios racionales suficientes de que los despidos pudiesen ser debidos a represalias tomadas por la empresa ante la actitud de los trabajadores de ser promotores de elecciones sindicales y presentarse como candidatos".

Al desestimar el recurso, la sala condena al empresario a pagar las costas, que concreta en los 200 euros que deberá abonar al letrado de los obreros como honorarios. EFE