Murcia, 8 ene (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha admitido la querella criminal presentada contra cinco miembros de una familia y un intermediario por los delitos de apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad y estafa inmobiliaria por 300.000 euros, según la resolución a la que ha tenido acceso Efe.
Se trata de Santiago S.F.; de su esposa, Rosario E.M., administradora única de "R. y A. S.E., S.L.", y de los hijos del matrimonio, Santiago S.E. y Emilio José S.E., administradores únicos de las empresas "P. M. y A., S.L." e "I. y P. de Murcia, S.L.".
Tambien figuran como denunciados la esposa de Santiago S.E., Isabel G.A., socia única de "D. y C. O.", y el intermediario Héctor D., de origen argentino, administrador único de "I.C.S.I.,S.L."
Todos ellos han sido citados por el juez como imputados y prestarán declaración, asistidos por sus letrados, en las próximas semanas en el citado Juzgado de Instrucción y en los Juzgados de Molina de Segura.
La querella, presentada por la empresa "P.C., S.L.", señala que esta mercantil suscribió un contrato privado de compraventa en agosto de 2007 con "Inversiones y Proyectos de Murcia, S.L". y "Promociones Meseguer y Arce, S.L", "en virtud del cual éstas le vendían el terreno resultante de la futura agrupación de varias fincas, lo que conformaría un solar de 987 metros cuadrados, así como la obra que sobre dicha finca agrupada se podía materializar de conformidad con el proyecto de obras mostrado al querellante por los querellados, parte del cual se estaba ejecutando".
Y añade que "la mercantil "Promociones Meseguer y Arce, S.L. se atribuyó la propiedad, a través de un contrato privado, de dos solares no inscritos en el Registro de la Propiedad".
Según la denuncia, los querellantes le entregaron un documento privado según el cual habían conseguido la compra de un edificio contiguo, para lo cual presuntamente falsificaron la firma de su propietario para crear la apariencia de que también les pertenecía.
Según el querellante, éste les entregó como parte de la operación de venta 300.000 euros por medio de tres pagarés, pero la operación no pudo culminarse como se había previsto porque, se afirma en la querella, los querellados se apoderaron del dinero, dieron por rescindido el contrato y participaron en distintas operaciones que serían constitutivas, supuesamente, de los delitos que van a ser investigados por el juez.
Al admitir la querella, el Juzgado no ha adoptado ninguna medida cautelar contra los querellados, "sin perjuicio, dice el auto, de lo que se derive de la investigación". EFE