La responsable de Medio Ambiente de IU en la Región, Victoria Rodríguez, ha presentado hoy un escrito ante la Comisión de Peticiones y Defensa de Ciudadano del Parlamento autonómico por el que manifiesta su rechazo a la construcción de una incineradora en el Valle de Escombreras (Cartagena).
Rodríguez, que ha elaborado el texto en calidad de vecina de la diputación cartagenera de Alumbres, ha señalado entre sus argumentos que la incineradora se destinará al tratamiento de residuos líquidos y sólidos, "de los que algunos destacan por su alta peligrosidad y toxicidad".
"Este proyecto pretende utilizar los residuos para recuperar su energía en forma de vapor y electricidad, estando su eficiencia energética en torno al 20 por ciento de aprovechamiento, lo que supone que se perderá el 80 por ciento de la energía", ha recalcado Rodríguez.
Ha señalado que la construcción de la incineradora es "totalmente injustificada" ya que su producción sólo supondrá el 0,18 por ciento del consumo regional, al tiempo que ha asegurado que la empresa instaladora, Befesa, "busca beneficio económico ya que su actual actividad ha llegado a su fin".
Ha añadido que a estas consecuencias se suma la saturación de industrias que generan emisiones "nocivas y peligrosas" en el Valle de Escombreras, y que producen episodios de contaminación por diversas sustancias "altamente perjudiciales" para los vecinos de Alumbres.
Asimismo, ha recordado que a principios de este año la Comisión Europea hizo pública la apertura de un expediente al municipio de Cartagena por superar el límite autorizado por partículas PM10, derivadas, entre otros, del tráfico y la industria.
"A pesar de esto -ha continuado Rodríguez- las administraciones públicas no han puesto en marcha medidas efectivas, no existe un plan de actuación en contra de la contaminación de las industrias del Valle, ni medidas correctoras que apliquen el principio de prevención, tan sólo pequeños gestos para lavar su imagen".
Ha denunciado que tampoco existe una planificación de empresas alternativas de energías limpias y que generen nuevos yacimientos de empleo, por lo que la construcción de una incineradora "contribuiría al empeoramiento de esta situación en Cartagena".
Para evitar la edificación de la citada infraestructura, Rodríguez ha apelado al derecho a la protección de la salud y al artículo de la Constitución Española que señala que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger la calidad de vida y defender el medio ambiente.
Además, se ha acogido a la definición de desarrollo sostenible de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1987 y a la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, que en su séptimo objetivo hace hincapié en la necesidad de garantizar el sustento al medio ambiente.