La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, anunció hoy que “la Comunidad ha dado ya el primer paso para recurrir ante el Gobierno central la Ley de Financiación Autonómica y demandar la financiación que la Región se merece”.

García anunció, tras la firma de un convenio con la Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia (Amusal), que su departamento ha presentado hoy ante el Ministerio de Economía y Hacienda, “la reclamación previa para que se nos aplique el artículo 2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, como se ha hecho con Aragón, y que le reporta 500 millones de euros que ya tiene en sus presupuestos de 2010”

Destacó que “la Región debería recibir por ese concepto 450 millones de euros”, y resaltó que “el Gobierno central tomó decisiones que significaron para nosotros una pérdida de ingresos”.

“Me parece muy bien que se aporte este dinero a Aragón, pero exigimos el mismo trato para los murcianos. Desde el Gobierno regional vamos a hacer que la aplicación de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica sea la misma en todas las comunidades autónomas”, reclamó la consejera recientemente.

García explicó que “éste es el paso previo necesario para presentar un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo”. El escrito dirigido a la vicepresidenta Elena Salgado afirma que “es de justicia que la Región de Murcia sea compensada por las distintas medidas adoptadas por el Estado legislador, en los términos expresados en el artículo 2, letra e, de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, al igual que lo ha sido para otra Comunidad, con el fin de evitar seguir profundizando en la discriminación de los derechos e intereses de nuestra Región”.

La Consejería exige en este escrito que “se proceda por parte del Gobierno de la Nación a la compensación por las mermas de recaudación producidas por las actuaciones del Estado legislador en materia tributaria o la adopción de medidas de interés general, que hayan hecho recaer sobre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia obligaciones de gasto no previstas a la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente”.