La diputada regional Teresa Rosique denunció la insolidaridad que está mostrando la Consejería de Obras Públicas con las empresas de la construcción al no suprimir la fianza provisional en los contratos de obra.

Rosique recordó que el pasado mes de mayo, la Asamblea Regional, a raíz de una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, transaccionada con el Grupo Parlamentario Popular, aprobó solicitar al Gobierno regional que estableciera una recomendación dirigida a los diversos órganos de contratación de la Comunidad Autónoma y entidades del sector público regional, al objeto de no exigir garantía provisional para licitar en los contratos de obras, cualquiera que fuera el procedimiento de adjudicación de los mismos.

Consejerías como la de Sanidad y Consumo, Agricultura y Agua y Educación, Formación y Empleo han aceptado la recomendación del Parlamento autónomo y han suprimido la exigencia de fianza provisional en los contratos de las obras que están realizando.

Obras Públicas, caso omiso

Sin embargo, la Consejería de Obras Públicas, cuyo montante en inversión de obra es muy importante dentro del Presupuesto regional, ha hecho caso omiso a esta recomendación y mantiene la exigencia de garantía provisional.

La diputada socialista considera que la Consejería de Ballesta está demostrando, “primero, una enorme insolidaridad con las empresas de la construcción”, en unos momentos de crisis económica, agudizada en la Región de Murcia, que está afectando de manera especial a este sector. Por otro lado, a juicio de la diputada, “el consejero demuestra que las recomendaciones de la Asamblea Regional no existen para esta Consejería”.

De todos es conocida la grave situación por la que atraviesa el sector de la construcción, la falta de liquidez y las dificultades que están atravesando las medianas y pequeñas empresas regionales, agravada, sin duda, por la caída en un 30% de la licitación pública regional en 2008, la baja ejecución a septiembre de 2009, que es de tan sólo el 50 por ciento de lo presupuestado y la caída de las inversiones de esta Consejería en un 34 por ciento para 2010.

La ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, en su artículo 91, estableció la potestad de los órganos de contratación para que a partir de la entrada en vigor de esta ley se pudiera exigir a los licitadores, la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato. Es en los pliegos de cláusulas administrativas donde se determina el importe de la garantía provisional, con el límite máximo del 3 por ciento del presupuesto del contrato.

Reducción del coste financiero

Rosique explicó que la eliminación de la garantía provisional reduciría el coste financiero de las empresas para los concursos de obra pública, ya que no tendrían que adelantar dinero como garantía para poder participar. Esto supondría, sin duda, que más empresas, sobre todo, pequeñas y medianas, podrían optar a los concursos y se estarían utilizando nuevos instrumentos para evitar la destrucción de empleo.

Además, la reducción de los trámites implicaría una reducción del gasto en tiempo y recursos de la propia Administración regional.

Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista le pide al consejero Ballesta “que sea solidario con las empresas de la construcción y atienda la recomendación de la Asamblea Regional; además de que elimine la exigencia de fianza provisional en los contratos de obra, celebrados por su Consejería.