Murcia, 6 nov (EFE).- Decenas de delegado sindicales de UGT se han concentrado esta mañana frente al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, para exigir la integración de los trabajadores del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) en el Régimen General.
Según han informado fuentes de este sindicato, los delegados de UGT se concentraron en un primer momento frente a la sede de Proexport, patronal del sector, para entregar un escrito y pedir que "dejen de obstaculizar la incorporación de los trabajadores al Régimen General".
Posteriormente, los manifestantes se dirigieron hacia el Palacio de San Esteban para conocer la postura del Ejecutivo Regional ante la enmienda que el PP ha presentado a los Presupuesto Generales del Estado para 2010, por la que los trabajadores del Régimen Especial Agrario (REASS) pasarían a cotizar 793 euros en lugar de los 804 actuales o los 897 que corresponderían al próximo año.
Una delegación de UGT fue recibida por el secretario general de la consejería de Presidencia, José Gabriel Ruiz, quien se ha comprometió a organizar un encuentro con los representantes murcianos del PP en el Congreso de los Diputados.
Por su parte, fuentes de Proexport han señalado a este respecto que los empresarios agrícolas han asumido en los últimos dos años "un importante incremento de costes en las cotizaciones a la Seguridad Social, debido al aumento de un 30 por ciento en las bases de cotización de los trabajadores por la reforma del REASS".
"El incremento de costes que estamos asumiendo las empresas en los dos últimos años estaba acordado para un periodo transitorio de entre 15 a 20 años, por lo que la integración se está realizando sin cumplir los plazos establecidos en el acuerdo alcanzado entre Gobierno, sindicatos y empresarios en julio de 2006", han indicado.
En este sentido han añadido "no sólo no se han cumplido los plazos, sino que se ha estado negociando sin la participación de los empresarios, por tanto las empresas no pueden asumir mayores incrementos en los costes, en esta etapa de dificultad económica, puesto que se pondrían en riesgo los empleos en el sector y atentaría contra la competitividad de las empresas".EFE