El portavoz de Izquierda Unida+Los Verdes (IU+LV) en la Asamblea regional, José Antonio Pujante, ha criticado hoy la actitud del Gobierno autonómico al considerar que no promueve la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) porque "no cree en este tipo de políticas".
Pujante ha señalado que mientras en la Región de Murcia se construyeron 83 VPO en junio de este año, en otras comunidades con menor tamaño poblacional como Navarra y Extremadura fueron edificadas durante el mismo período 573 y 237, respectivamente., según datos del ministerio de Vivienda.
Ha señalado que la vivienda debe ser considerada como un bien de primera necesidad, frente a su utilización como mercancía unida a la especulación y al enriquecimiento, y ha insistido en que el Gobierno regional no ha ofrecido información sobre la situación de la vivienda en Murcia.
Ha propuesto la creación de un estudio entre la universidad de Murcia y la consejería de Obras Públicas sobre la situación de la vivienda en la Región, al tiempo que ha denunciado “que no se ha informado suficientemente sobre la efectividad del Plan de Vivienda 2009-2012”.
"Ese plan no resuelve ni resolverá la problemática de la vivienda, y las medidas principales que incluye están más bien destinadas a dar salida al stock de unidades sin vender que a propiciar el acceso de los ciudadanos a una vivienda tomando como referencia la capacidad económica de éstos".
Ha criticado el "escaso" número de contratos de alquiler que movilizan las agencias de alquiler, ya que ninguna cierra más de 350 alquileres mensualmente, y elogiado el plan Bizigune del País Vasco, que alquila viviendas 70 metros cuadrados en Bilbao o San Sebastián por menos de 300 euros al mes.
En este sentido, ha recordado que la administración vasca alquila al propietario a un precio ligeramente inferior al de mercado, y luego subvenciona parte del alquiler al inquilino, lo que supone un cambio en el funcionamiento que permite el acceso a la vivienda por un precio asequible.
Pujante ha además resaltado que mientras en España hay 100.000 viviendas públicas en alquiler, en Francia existen unos 4 millones.