El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida han reclamado en la Asamblea Regional conjuntamente una Comisión Especial de Investigación que analice los expedientes de contratos de la Consejería de Cultura y Turismo, Empresa Pública Murcia Cultural S.A y la Fundación para la Promoción de la Cultura y las Artes de la Región de Murcia, así como las responsabilidades que pudieran derivarse de la tramitación de dichos expedientes.

Ambos grupos parlamentarios indicaron que el consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, durante su comparecencia, ayer en la Cámara, lejos de aclarar todo lo ocurrido con este asunto, “sólo consiguió enmarañarlo más e intentar confundir a la opinión pública tratando de hacer ver que no ha existido ninguna irregularidad”. Por ello, es necesario que el Parlamento abra una investigación.

Los expedientes a los que se ha tenido acceso constatan la falta de cumplimiento de la Ley de Contratos Públicos a los que están sometidos los organismos antes mencionados. El consejero además evitó ayer en la Cámara responder a las preguntas concretas de la oposición sobre determinados expedientes, manteniendo la negativa a trasladar los mencionados expedientes al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, tal y como se le solicitó, en aplicación del artículo 11 de la Ley de Creación del mencionado Consejo.

Dicho artículo establece la posibilidad de que el Consejo Jurídico emita dictamen facultativo en cuantos asuntos sean consultados por el presidente de la Comunidad Autónoma, el Consejo de Gobierno, los consejeros, la Asamblea Regional y los ayuntamientos de la Región a través de sus alcaldes.

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia es el órgano consultivo superior en materia de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma. Vela por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, fundamentando en ellos sus dictámenes. El carácter de sus dictámenes es exclusivamente jurídico y hubieran aportado elementos sustanciales sobre la legalidad de los contratos de la Consejería de Cultura y Turismo, que continúan en cuestión.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Mixto creen que es precisa una Comisión Especial de Investigación que esclarezca todos los aspectos que el consejero ayer no despejó.