El Tribunal Superior de Justicia confirma el mantenimiento de las obras ya autorizadas con anterioridad por los tribunales
La diputada socialista Teresa Rosique manipula descaradamente cuando trata de presentar Puerto Mayor como un proyecto del Ejecutivo del PP
La portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, subrayó hoy que fue el Estado quien aprobó en 1975 el proyecto de Puerto Mayor, que fue posteriormente ampliado e impulsado bajo los gobiernos del PSOE tanto en el Estado como en la Comunidad Autónoma.
Reverte calificó de “ridícula y deliberadamente difamatoria” la reacción de la diputada socialista Teresa Rosique tras desestimar la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) el recurso de súplica interpuesto por la Administración Civil del Estado contra el Auto de 21 de octubre de 2008, que estableció qué obras debían seguir suspendidas y cuáles continuar en Puerto Mayor.
Para la portavoz del Ejecutivo, Rosique “manipula descaradamente” cuando intenta atribuir el proyecto de Puerto Mayor al actual Gobierno regional, puesto que el Gobierno del Partido Popular “ha actuado con total transparencia y ha respetado escrupulosamente en todo momento las sucesivas sentencias de los tribunales relativas al proyecto original de 1975 y sus sucesivas modificaciones”.
La portavoz del Ejecutivo murciano aseguró que “por mucho que Teresa Rosique quiera confundir a los ciudadanos, Puerto Mayor no es ningún compromiso ni ningún proyecto del Gobierno del presidente Valcárcel”.
Respeto a las resoluciones judiciales
María Pedro Reverte reiteró que el Ejecutivo regional seguirá respetando todas las resoluciones judiciales y de la Unión Europea relativas al proyecto de Puerto Mayor, “lo contrario de lo que hace el PSOE, que las cuestiona sistemáticamente cuando no le satisfacen”.
Reverte explicó que el proyecto original de Puerto Mayor se remonta al año 1975, cuando fue aprobado por el Consejo de Ministros de España, 20 años antes de la llegada del Partido Popular al Gobierno regional y tras 12 años de Gobierno socialista, que no sólo no paró el proyecto, sino que lo impulsó tras incluir modificaciones sobre el proyecto original.
La portavoz del Ejecutivo murciano resaltó que, “por mucho que disguste a la diputada Rosique, quienes han autorizado o paralizado parcialmente las obras han sido los tribunales, no el Gobierno regional, quien se ha sometido en todo momento a las sentencias y resoluciones de éstos”.
Reverte indicó que, como recoge el Auto del TSJ de octubre de 2008, los posibles daños causados sobre el Mar Menor son producto de las obras ejecutadas al amparo del proyecto original de 1975, aprobado por el Estado, y señaló que el Gobierno regional es “el máximo interesado en proteger el medio ambiente”.