El director general de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y Consumo, Juan Manuel Ruiz Ros, mantuvo ayer una reunión con los representantes de las organizaciones de consumidores Thader Consumo y UCE, Jesús Miguel Artero y Pedro Valera, y el presidente del Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia, Óscar Castro, para la formación de un grupo de trabajo conjunto que facilite una respuesta contundente y rápida a los usuarios afectados por el caso Dental Line.
Ruiz Ros explicó que “los usuarios afectados pueden dirigirse a las oficinas del consumidor para informarse y poner su reclamación. Estamos coordinados para aglutinar todas las reclamaciones, que serán gestionadas por Thader Consumo y UCE con el apoyo de la Dirección General de Consumo, con el objetivo de interponer una demanda única que supondrá una respuesta más eficaz para los usuarios afectados”.
El director general añadió que “antes de acudir a las oficinas, los usuarios deben exigir que se les termine el tratamiento en las clínicas que permanecen abiertas, o la devolución de los pagos realizados sin que se hayan llevado a cabo los tratamientos”. En el caso de que los usuarios no puedan acceder a sus tratamientos y ya hayan pagado parte de los mismos, los usuarios deben acudir a la oficina del consumidor para reclamar.
Además, Ruiz Ros recordó que los afectados por la presunta estafa también pueden llamar al teléfono del consumidor (901 501 601) para informarse sobre la mejor manera de actuar, y añadió que “tanto el Colegio de Dentistas, que desde el principio denunció las posibles irregularidades, como las organizaciones Thader Consumo y UCE han puesto el máximo interés en que ofrezcamos lo antes posible asesoramiento a los afectados, por eso nos hemos adelantado para organizar la mejor vía posible para reclamar. Nuestro objetivo es que ningún afectado se quede sin denunciar”.
Tras la reunión mantenida, la Dirección General, junto al Colegio de Dentistas y las organizaciones Thader Consumo y UCE, decidieron además estudiar la interposición de denuncias penales por la presunta estafa y apropiación indebida a nivel nacional, ya que hay varias comunidades afectadas.