Málaga, 6 oct (EFE).- El empresario murciano Tomás Olivo, imputado en el caso de corrupción "Malaya", se enfrenta a una petición fiscal de dos años y medio de prisión por delito contra la Hacienda Pública en relación con el impuesto de sociedades de unos contratos firmados con empresas municipales de Marbella.
El ministerio público pide la apertura de juicio oral contra el promotor al entender que cometió un supuesto fraude de 450.000 euros a la Hacienda Pública, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.
Además pide la misma pena de prisión para el que fuera apoderado y director financiero de la empresa General de Galerías Comerciales (GGC), cuyo nombre corresponde a las iniciales G.R.O., por considerarlo cooperador necesario y una multa de un millón de euros, la prohibición de obtener ayudas fiscales y el pago de la cantidad defraudada.
La acusación pública mantiene que dicha empresa, presidida por Olivo, suscribió entre 1994 y 1997 diversos contratos con tres empresas municipales del Ayuntamiento de Marbella y posteriormente contratos de ejecución de obras.
El fiscal mantiene que los imputados decidieron "ocultar" los beneficios en la autoliquidación que por el Impuesto de Sociedades de 2000 se presentó en 2001, aunque en el 2003, la sociedad sí incluyó parte del beneficio de uno de los proyectos.
Además se explica en el relato acusatorio que a través del procedimiento administrativo se ha podido determinar que los acusados con la finalidad de ocultar los beneficios "incurrían en graves deficiencias en la llevanza de la contabilidad, no reflejando esta la realidad económica y jurídica de la empresa".
Para ello, no se contabilizaba la obra en curso contratada y ejecutada aún cuando se encontrase pendiente de facturar, ni las deudas, ni los créditos contra el Ayuntamiento por los distintos reconocimientos de deudas.
Olivo, al que se le imputa un delito de cohecho en el caso Malaya que investiga una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, fue detenido en junio de 2007 en la segunda fase del procedimiento y quedó en libertad bajo fianza tras prestar declaración ante el juez. EFE