La secretaria de Igualdad del PSRM-PSOE, Gloria Martín, asegura que la futura Ley de Salud Sexual y Reproductiva procurará “un servicio médico adecuado” a las mujeres que, a partir de los 16 años, decidan interrumpir un embarazo, “en vez de condenarlas a un aborto chapucero, o una maternidad no deseada o de riesgo”.

La secretaria de Igualadad del PSRM-PSOE, Gloria Martín, le recordó a la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, que desde los 13 años, el Código Penal reconoce el derecho a mantener relaciones sexuales consentidas y también el derecho a ser madre. Asimismo, con la Ley de Autonomía del Paciente que aprobó el PP en 2002, una chica de 16 o 17 años puede someterse a una operación de estética o donar un riñón sin el consentimiento paterno pero, paradójicamente, ante un embarazo precoz, no puede decidir por sí misma interrumpirlo o seguir adelante con su maternidad en contra del criterio de sus progenitores.

Por ello, la dirigente socialista asegura que el texto que prepara el Gobierno, y que ha contado con el asesoramiento de un importante grupo de expertos, procura “un servicio médico adecuado” a las mujeres que, a partir de los 16 años, deciden interrumpir un embarazo, “en vez de condenarlas a un aborto chapucero, o una maternidad no deseada o de riesgo”.

Gloria Martín manifestó que “ojalá que todas las jóvenes de 16 o 17 años que se ven en esta situación, disfruten de una relación de estrecha confianza con sus padres o madres, pero la Ley debe garantizar también derechos y protección a aquellas que no pueden contar con el apoyo de éstos”.

Para Martín, “el Gobierno socialista de España está posibilitando que la sociedad avance en derechos en salud sexual y reproductiva, especialmente relevantes para mujeres y jóvenes, que tan estigmatizados han estado hasta ahora por posturas hipócritas y demagogas alentadas por los sectores más conservadores”. Señaló además, que la norma trata de ponernos “a la altura de los países europeos más avanzados en esta materia, como Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Noruega, Suiza o Italia, en vez de encasillarnos entre los más restrictivos con Polonia, Eslovenia o Malta.

Por ello denunció la estrategia del PP de judicializar la acción política, como instrumento para frenar cualquier avance en derechos y libertades para la ciudadanía, “especialmente cuando se trata de cuestiones que nos afectan de lleno a las mujeres, como también hicieron con la Ley de Igualdad cuando la llevaron al Tribunal Constitucional”.