La secretaria de Inmigración del Partido Popular de la Región de Murcia, Ascensión Carreño, ha afirmado que el PP “apuesta por el contrato de integración para los inmigrantes”.
“Mediante esta fórmula, las administraciones públicas incorporarán el objetivo de la integración entre inmigrantes y la sociedad receptora a través del contrato de integración para aquellos inmigrantes que deseen establecerse en nuestro país”. Carreño ha recordado que el partido socialista votó en contra de esta iniciativa, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el pleno del Congreso de los Diputados, si bien el Proyecto de Ley de Acogida para personas inmigrantes, que prepara la Generalitat Catalana, sí contempla el contrato de integración.
Según ha explicado, ésta es una de las propuestas que se han planteado en la Comisión Nacional de Inmigración del PP y que se plasmarán en el Congreso el Grupo Parlamentario Popular durante la tramitación del proyecto de Ley de Extranjería.
El PP se propone establecer medidas que permitan abordar “una política responsable en materia de inmigración”. Por eso, considera necesario regular las reagrupaciones en cadena para que los familiares reagrupados no puedan reagrupar a su vez a otros familiares y así sucesivamente. De hecho, ha explicado que en el Proyecto de ley elaborado por el Gobierno, “sólo se limita la reagrupación a ascendientes mayores de 65 años, cuando el número de personas mayores extranjeras por encima de esta edad que vienen a nuestro país es muy escaso”.
Por otro lado, Carreño ha apuntado que otra de las medidas que propondrá el PP es eliminar el plazo de un año establecido para que el cónyuge o el hijo reagrupado pueda trabajar en nuestro país, puesto que “este plazo impide que los ya reagrupados en España trabajen de forma inmediata”. Además, ha argumentado que esta propuesta “se hace aún más necesaria en estos tiempos de crisis económica”.
Finalmente, ha añadido que el PP defiende la regulación por ley ordenada. “Según lo establecido en el Pacto Europeo de Inmigración, las regularizaciones de inmigrantes deben realizarse caso por caso, de forma excepcional por motivos humanitarios o económicos”, para que no se repitan las regularizaciones masivas, como la realizada en el año 2005 por el Gobierno de Zapatero “por la que se regularizaron más de 600.000 inmigrantes”.