IU de la Región (IURM) exigió hoy a los Gobiernos murciano y central una reforma de la Ley de Régimen Local que garantice la suficiencia financiera de los ayuntamientos por medio de la participación de éstos en los tributos de la Comunidad Autónoma.

El responsable de Política Municipal de IURM, José Luis Álvarez-Castellanos, indicó que los consistorios "son los grandes convidados de piedra en el reparto de recursos entre las administraciones, pese a que son los que más sufren las consecuencias de la crisis".

En este sentido, Álvarez-Castellanos señaló que IU presentará en los ayuntamientos en los que tiene representación una moción para exigir una financiación "adecuada" que solucione la "precariedad económica" que sufren las administraciones municipales.

Entre las demandas incluidas en la citada moción, destacó el reconocimiento de la deuda histórica de los consistorios por el ejercicio de competencias que corresponden a otras instituciones públicas y por las que no están provistas de una financiación suficiente.

Además, solicitó el cumplimiento de la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias para la creación de un fondo adicional de 3.000 millones de euros dirigido a la financiación de gasto corriente y al mantenimiento de la prestación de los servicios básicos.

Álvarez-Castellanos tildó de "ineficaces" las medidas aplicadas por el Gobierno central para mejorar la situación de los ayuntamientos, como el Fondo Estatal de Inversión Local y el decreto 5/2009 para facilitar el saneamiento de deudas municipales con empresas y autónomos.

Sobre el citado decreto, aseguró que "puede suponer un alivio de liquidez para las empresas proveedoras, pero no rebaja la deuda municipal, sino que la incrementa con el gasto de intereses y el plazo de devolución del préstamo es muy corto, lo que puede gravar el futuro económico del municipio".

Hizo también hincapié en la necesidad de poner en marcha medidas complementarias de financiación por medio de una mayor participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado y las Comunidades Autónomas, con el fin de evitar el estrangulamiento financiero de los municipios.