"El acuerdo aprobado en la Comisión Especial sobre el sistema de Financiación Autonómica refuerza la posición del Gobierno Regional de cara a la negociación y recoge las posiciones que hemos venido defendiendo"

La Consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García ha mostrado hoy su satisfacción “ante el acuerdo de todos los grupos políticos en la Comisión Especial de la Asamblea Regional sobre el Sistema de Financiación Autonómico, que ha consensuado un documento de bases con los criterios para la adopción de un nuevo modelo”.

“El Gobierno regional –ha afirmado la consejera-, que es a quien le corresponde la negociación con el Gobierno Central, quiere agradecer a los grupos políticos su esfuerzo por alcanzar un consenso en tan importante cuestión, consenso que refuerza nuestra posición en la negociación”.

Para Inmaculada García, “este documento recoge las posiciones defendidas desde el primer momento por este Gobierno, incluyendo la referencia a la Deuda Histórica, tanto por financiación como por infraestructuras, lo que es un gran logro para la defensa de los intereses comunes. Además, se explicita el apoyo a que el nuevo modelo de financiación garantice expresamente la convergencia de nuestra financiación per cápita con la media nacional.

La Consejera ha valorado el hecho de que el acuerdo hace expresa referencia a la consideración de la población y de su evolución como variables fundamentales del modelo, así como a la población cualificada, la dependiente, la población en edad escolar , la población mayor de 65 años, y a la realidad de la inmigración.

García ha señalado que “es importante que todos los grupos compartan la necesidad de que se apruebe un modelo en el que, como ha venido defendiendo el Gobierno regional, prime la solidaridad interterritorial y la igualdad entre todos los españoles; que reconozca la población como la principal variable del modelo, pues son las personas las que reciben los servicios y prestaciones públicas, y no los territorios; que tenga una especial consideración a la población ajustada, en edad escolar y la población mayor de 65 años, y la población inmigrante, que son demandantes netos de prestaciones sociales; que garantice la autonomía financiera y la suficiencia de recursos de las Comunidades Autónomas; que respete la multilateralidad en la negociación del modelo, sea un sistema aplicable a todas las Comunidades Autónomas de régimen común y no genere discriminación ni consagre Comunidades Autónomas de primera, de segunda y de tercera, en función de la proximidad política al Gobierno Central.”