El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, clausuró hoy la segunda edición del proyecto Juez de Paz Educativo, en el que han participado un total de 44 alumnos, 23 profesores y 21 centros educativos.

Durante el acto, en el que los participantes recibieron sus diplomas acreditativos y una placa conmemorativa, el responsable de Educación recordó que el proyecto persigue el doble objetivo de acercar el mundo de la Justicia a los alumnos de la Región y optimizar la convivencia en los centros educativos.

El consejero señaló en su intervención que “mejorar la convivencia escolar es un compromiso, individual y colectivo”, y agregó que “así se pone de manifiesto en el Pacto Social por la Educación, que persigue la implantación de una cultura escolar que capacite a los alumnos para resolver sus diferencias desde el respeto y la tolerancia, añadiendo a la condición de lugar de estudio y aprendizaje del aula, la de ser un espacio de convivencia y de solución dialogada de los conflictos”.

A través de esta iniciativa se crearán espacios donde los estudiantes en conflicto, de forma voluntaria, se encuentren cara a cara, conecten entre ellos y comiencen a construir un ambiente de confianza con la ayuda de un compañero del propio centro escolar, y dependiendo de los casos, también de un profesor. Los jueces de paz educativos intervienen en los conflictos escolares de baja intensidad para intentar resolver por la vía del diálogo los problemas que de otro modo podrían transcender a instancias superiores o dar lugar a expedientes disciplinarios.

El proyecto, que se puso en marcha el pasado año para los alumnos de Formación Profesional, Bachiller y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se ha ampliado también este año a 6º curso de Primaria en respuesta a la demanda del Colegio de Educación Infantil y Primaria Francisco Sánchez Matas, de Aljucer (Murcia), que buscaba aprovechar el carácter preventivo del programa para fomentar en sus alumnos la búsqueda dialogada de los conflictos antes de iniciar la ESO.

El titular de Educación recordó que según los datos incluidos en el Informe Anual de la Convivencia de los centros docentes, en el curso 2007-2008 se registraron 499 expedientes por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, sobre un total de 194.479 alumnos matriculados, lo que supone una tasa porcentual muy baja, de aproximadamente un 0,25 por ciento. En este sentido, Sotoca señaló que al comparar los datos con los del año anterior se registra un ligero descenso en la tasa de expedientes disciplinarios, que pasó del 0,27 al 0,25 por ciento.

El consejero manifestó su confianza en el impulso de este programa para contribuir a mejorar la convivencia en los centros educativos de la Región y destacó la importancia del proyecto para promover la justicia restaurativa, fundamentada en la reparación de los daños ocasionados “formando así ciudadanos responsables con conocimientos y habilidades que les capaciten para la resolución consensuada y dialogada de problemas”.