Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo, han llevado a cabo una operación contra la explotación laboral de los ciudadanos extranjeros, que ha permitido desarticular una organización radicada en Murcia y que aprovechaba las condiciones de irregularidad de los inmigrantes para lucrarse, mediante el empleo de estos en explotaciones agrícolas de la región.

La investigación partió de las informaciones elaboradas a partir de las labores de prevención y control de este tipo de actividades que habitualmente se llevan a cabo por parte de esta Jefatura Superior de Policía. Los datos obtenidos apuntaban a la existencia de una trama que se dedicaba a captar inmigrantes de origen magrebí en situación irregular, con el objeto de ofrecerlos como mano de obra en distintas fincas de explotación agrícola de la región. En ocasiones estas captaciones se realizaban previo encargo de los responsables de las fincas agrícolas, que precisaban de esta mano de obra para atender momentos puntuales de mayor producción o reforzar la plantilla.

Para ello, los inmigrantes eran recogidos junto a una gasolinera situada en la localidad de Molina de Segura, desde donde se llevaban a los lugares de trabajo a bordo de cuatro vehículos, de los que disponían los miembros de la organización para este fin.

Como contraprestación a esta labor, los miembros de la organización se apropiaban de parte de los salarios de los trabajadores, además de cobrarles cantidades de dinero entre los 800 y los 1000 euros, a cambio de supuestos trámites relacionados con sus contrataciones.

Una vez comprobados estos extremos, el pasado día 21 de mayo, se llevó a cabo una inspección en una explotación agrícola de Sangonera la Seca, que tuvo como resultado la detención de 8 personas por infracción de la Ley de Extranjería y de otras cuatro por delitos contra el derecho de los trabajadores. Las iniciales de estos últimos son las siguientes:

D.L. y E.M.L., de 20 y 39 años, respectivamente y nacionalidad marroquí.

R.A.R.C., de 29 años y nacionalidad paraguaya.

A.S.M., de 34 años, de nacionalidad española.

Los tres primeros realizaban funciones de captación de los inmigrantes y de traslado de los mismos a los lugares de trabajo, mientras que el último es el gerente y administrador único de una empresa agrícola donde se empleaba a numerosos de estos inmigrantes irregulares.