Destaca la "nula innovación" de la nueva norma respecto a la anterior, puesta en marcha en 1995
El portavoz de IU+Los Verdes, José Antonio Pujante, dijo hoy que la proposición de Ley de Protección Ambiental Integrada formulada por el grupo parlamentario Popular es “una mera retahíla de procedimientos administrativos que olvida la protección medioambiental de Murcia.”.
Pujante indicó que la citada proposición de norma, cuyo contenido se debatirá mañana, incluye aspectos "formales y materiales" sobre los que IU+Los Verdes difiere, lo que ha motivado -añadió- que su grupo presente una enmienda a la totalidad del texto, así como 69 parciales, ante la Mesa de la Asamblea regional.
A su juicio, la propuesta debería haberse presentado como Proyecto de Ley como anunció el Consejo de Gobierno en sus previsiones legislativas, dada la "trascendencia social y económica que tiene para la Región de Murcia" la mencionada norma.
"Estaría más que justificada la presentación del texto como Proyecto de Ley, a fin de cumplir los requisitos previos exigidos para su posterior debate y su evaluación por el Consejo Económico y Social; el Consejo Jurídico y el Consejo Asesor del Medio Ambiente de la Región".
Asimismo, destacó la "casi nula innovación" de la proposición y criticó que ésta sustituya a una ley "necesitada de un desarrollo inexistente por parte del Gobierno regional", en referencia a la anterior, puesta en marcha en 1995, por otra norma, "huérfana en planificación ambiental".
Añadió que la nueva propuesta "no establece desde el comienzo directrices y planes con compromisos reales concretos, lo que hubiese supuesto la expresión directa e inmediata de una política ambiental organizada y estructurada por objetivos, metas y prioridades".
"Por el contrario -apostilló Pujante- se excluye todo ámbito de planificación, pues supone que están todos definidos en la legislación básica. Sin embargo, creemos que debe hacerse uso de la capacidad normativa que tienen las comunidades para especificar la legislación estatal".
Pujante criticó además la falta de consenso con colectivos ecologistas en la elaboración de la norma, la supresión de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en materia de medio ambiente y la externalización del servicio de inspectores.