El diputado regional socialista, Jesús López, aseguró que la nueva Ley de Medioambiente supondrá una notable carga de trabajo para los ayuntamientos.

López explicó que los ayuntamientos participan en cada uno de los procedimientos que establece la nueva normativa, tales como autorización ambiental integrada, autorización ambiental única o la licencia de actividad y evaluación de planes y programas. Su participación será como órgano sustantivo, es decir, el que otorga la autorización, en el caso de las licencias de actividad y en los demás casos se encargará de iniciar determinados procedimientos y someterlos a información pública, tanto en la Evaluación de Impacto Ambiental, como en el procedimiento integrado.

Los informes municipales son preceptivos para que la Comunidad Autónoma autorice todos aquellos proyectos que requieren trámite de Evaluación Ambiental. No obstante, la ley prevé que se puedan aprobar los proyectos aunque el ayuntamiento afectado no haya evaluado informes. Según el diputado socialista, “es evidente que existe la convicción de que los ayuntamientos no están dotados de medios para hacer frente a lo que la ley les exige”.

También la ley prevé que aquellos ayuntamientos que no cuenten con medios humanos y materiales puedan solicitar la dispensa para la emisión de informes de calificación ambiental en el caso de las licencias de actividad. Jesús López argumentó que en el proceso que se sigue con la normativa actual, hay 18 ayuntamientos que no emiten informes ambientales. “No parece que la nueva ley vaya a resolver un asunto que desiguala a los territorios de la Región actualmente”.

La raíz del problema, a juicio del parlamentario socialista, reside en que la ley que se va a tramitar como una Proposición de ley por parte del Grupo Parlamentario Popular no contiene una memoria económica que permita su puesta en funcionamiento de una manera adecuada. “Es posible que al final sea papel mojado o que, al contrario de lo que pretende, provoque una eternización de los plazos”, advirtió.

El PSOE pedirá que se dote a los ayuntamientos de medios para hacer frente a las obligaciones que se derivarán de la Ley de Medioambiente y que destine fondos a la formación y a la creación de una oficina Intermunicipal de Integración Ambiental.