El responsable de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús López, denunció que la Consejería de Educación pagó 108.000 euros a una empresa sin contrato, solamente con un acuerdo verbal, para las obras de un instituto. López denunció que la Administración regional ha vulnerado la ley al menos en siete ocasiones, al incumplir los principios de concurrencia pública en la contratación de obras para centros públicos y no someter algunos de estos actos administrativos a ley.
El PSOE viene denunciando desde hace tiempo irregularidades en las contrataciones de la Consejería de Educación para obras en centros públicos de la Región. Estas denuncias son ahora suscritas por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia que se muestra especialmente preocupado por la gravedad de las actuaciones desarrolladas en el seno de la Dirección General de Centros y que no considera como un hecho aislado, sino que continuamente han soslayado el ordenamiento jurídico.
Un caso paradigmático
Para el diputado socialista resulta paradigmático el caso del IES Ingeniero de la Cierva, que califica “especialmente grave en el fondo y en la forma”. En este centro la Consejería ha hecho pagos a la mercantil ‘Trimtor, S.A’ por un importe de 108.206,44 euros, cantidad no incluida en el contrato, ateniéndose a un compromiso verbal, sin que exista proceso de contratación. Los pagos se corresponderían con unas obras de instalación de cableado estructurado para aulas de informática no incluidas en el expediente de contratación, expediente que el Consejo Jurídico considera heterodoxo y confuso.
El responsable de la Dirección General de Enseñanzas Escolares en aquel momento (inicio de curso 2007-08) solicitó, al parecer, al constructor la realización de las obras sin contrato y, posteriormente, el subdirector General de Centros y la directora General de Centros pidieron a la Intervención General de la Comunidad Autónoma que reconociese el pago.
Los órganos de fiscalización de la Comunidad Autónoma admitieron el pago de los 108.206 €, pero no por título contractual, sino como indemnización de los daños causados a la empresa, que habría cobrado un año después de hacer las obras que le encargaron verbalmente. Un decisión similar adoptó la Intervención General de la Comunidad Autónoma en el caso de la construcción del IES de Algezares, que sufrió un modificado por importe de 445.349 euros, también tramitado irregularmente y por cuyos actos el Consejo Jurídico pidió que se abriese expediente por responsabilidad patrimonial a las autoridades responsables en aquel momento.
Comparecencia del consejero en la Asamblea
El PSOE pedirá la comparecencia del Consejero de Educación, Constantino Sotoca, en la Asamblea para que explique las irregularidades cometidas en su departamento con motivo de las obras de ampliación del IES “Ingeniero de la Cierva”, en Patiño (Murcia) llevadas a cabo al inicio del curso 2007-08.
En concordancia con las conclusiones del Consejo Jurídico, el PSOE exigirá al consejero que lleve a cabo las funciones de superior inspección que le exige la ley de Organización y Régimen Jurídico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el caso del IES de Patiño y se interesará por si, desde la Consejería de Educación se adoptaron las medidas solicitadas en el caso del IES de Algezares, consistentes en la exigencia de responsabilidad patrimonial para las autoridades responsables.
López concluyó que “no es posible que desde el Gobierno regional se incumpla la ley de manera consciente y sistemática y se impida la libre concurrencia de los ciudadanos a la contratación pública. Procede ya exigir responsabilidades políticas por la reiterada actuación irresponsable de la Dirección General de Centros Escolares”.