Madrid, 26 mar (EFE).- La organización ecologista Greenpeace confía en que la amenaza del Parlamento Europeo de congelar los fondos comunitarios a España si no soluciona los abusos urbanísticos sea efectiva y "se cierre el grifo" a actuaciones e infraestructuras que no respetan la normativa española ni la comunitaria.

En declaraciones a Efe, Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, valoraba así el informe aprobado hoy por el Parlamento Europeo, que pide, además, a España que suspenda todos los desarrollos urbanísticos que no respeten el medio ambiente o que no garanticen el derecho a la propiedad.

Marcos ha valorado el hecho de que "por fin" el Parlamento Europeo tenga conocimiento de "los delitos urbanísticos que se están cometiendo en España, mayoritariamente en el litoral, donde no se han respetado las normativas europeas, que establecen como primer pilar que para recibir financiación comunitaria hay que respetar el medio ambiente".

Ha puesto como ejemplo el "macropuerto" de Granadilla (Tenerife), "uno de los mayores delitos ambientales de la historia de este país", que ha sido financiado con fondos europeos.

Aunque los desarrollos urbanísticos son competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, Marcos ha explicado que el Parlamento Europeo se dirige al Estado español. EFE