El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, participó hoy en Bruselas en el debate de la Comisión de Desarrollo Sostenible (Comisión DEVE), del Comité de las Regiones de la Unión Europea, para abordar nuevas propuestas con el fin de alcanzar una mayor implicación de las regiones y entidades locales en la política medioambiental europea, así como la gestión de los biorresiduos y un mayor control de los medicamentos.

En esta comisión, el presidente Valcárcel defendió los intereses de la Región, orientados a conseguir una acción más coordinada en la gestión de políticas medioambientales con los países miembros de la UE y de los entes regionales y locales, con el fin de que la Unión se anticipe y responda a los nuevos desafíos en cada territorio.

Uno de los aspectos más destacados, y que afectan a la nueva política medioambiental de la UE, es la referida a la energía, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento, al tiempo que se aumente el uso de energías renovables en todos los países y regiones del territorio comunitario.

Es esencial, por tanto, según se indicó hoy en el debate de la Comisión DEVE, el papel que desempeñan los interlocutores locales y regionales en la programación y la aplicación con éxito de esta política energética europea.

En este contexto, se abordó también la importancia de mejorar la gestión de los biorresiduos, en referencia a los desechos biodegradables procedentes, entre otros, de la agricultura o de las industrias alimentarias.

Para ello, este organismo europeo considera que la adopción de medidas en el marco comunitario para limitar el vertido de biorresiduos debe estar asociada a ayudas para inversiones en infraestructuras e investigación en nuevos sistemas de eliminación y reciclaje, lo que aceleraría su tratamiento de un modo más sostenible.

Por otra parte, la Comisión DEVE ha debatido hoy sobre el mejor uso de los fármacos tanto para la salud como para las consecuencias medioambientales que el mismo pueda generar. En este sentido, se han abordado diferentes aspectos a través de los que se insta a los países comunitarios a ejercer una mayor responsabilidad en la legislación de este tema.