El consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, expresó su malestar al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, por no haber contado con las comunidades autónomas para la elaboración de la nueva Ley de Extranjería.

El responsable murciano, asistió a la II Conferencia Sectorial de la Inmigración, explicó que “se nos ha informado sobre la Ley, cuando la Ley ya está hecha, sin que hayamos podido presentar aportaciones y sugerencias durante su elaboración”. “Nosotros-prosiguió Bascuñana- consideramos que se trata de la misma Ley que ya estaba vigente y en la que sólo se aprecian cambios de forma pero no de fondo”.

En cuanto al contenido de la norma, el consejero apuntó que “el Gobierno de la Nación lo único que hace es quitarse responsabilidades de encima en materias como trabajo o vivienda entre otras, y derivarlas a las comunidades autónomas evitando así cualquier coste político”.

Consciente de que el debate de la nueva Ley deberá llevarse a cabo en el Congreso, el político murciano recalcó que “hemos querido expresar nuestro malestar porque en la elaboración de una norma tan importante para las comunidades autónomas se debería haber contado con nosotros y nos hemos comprometido a hacer nuestras aportaciones, a través del grupo parlamentario, principalmente en asuntos como la regulación legal de los menores que llegan a nuestras costas y la reagrupación familiar”.

Reparto de fondos

Por otra parte, el segundo punto analizado en la II Conferencia Sectorial de la Inmigración fue el relativo al reparto de fondos a las comunidades para la acogida e integración de la población inmigrante.

Al respecto, el consejero de la Región de Murcia reiteró la postura de la Comunidad sobre este asunto, señalando que “Murcia ha vuelto a demostrar que es una Comunidad solidaria y aunque reconocemos que el Ministerio ha trabajado bien en el establecimiento de los criterios de reparto, no compartimos que no se haya tenido en cuenta el aumento de la población inmigrante en nuestras comunidades autónomas”.

Bascuñana explicó que si bien la cantidad de dinero a repartir entre todas las autonomías es de 200 millones de euros, esta cifra es similar a la del año pasado y “no se ha tenido en cuenta que la población inmigrante ha crecido en 500.000 personas, y a ellas hay que prestarles atención y cubrir sus necesidades. Parece ilógico que ante este crecimiento, la partida se mantenga congelada”.