Madrid, 28 ene (EFE).- La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha hecho hoy un llamamiento a todas las administraciones educativas para que actúen de acuerdo con la sentencia del Supremo en relación con Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EPC).

"Si no cabe la objeción, hay obligación de asistir a clase", ha subrayado en rueda de prensa en alusión, aunque sin nombrarlas, a las CCAA gobernadas por el PP que amparan a los objetores, a las que ha pedido "reflexionar y sacar consecuencias".

El Ministerio hará todo lo que esté en su mano, ha asegurado Cabrera, al habla con las consejerías autonómicas de educación, para que los alumnos objetores puedan "recuperar el tiempo" que hayan podido perder y se incorporen a la asignatura.

Ha matizado que no se estaba refiriendo a una recuperación exactamente de clases, sino que se tomarán las decisiones pertinentes para que los muchachos puedan "ponerse al día" y "aprobar" la asignatura atendiendo a la situación particular de cada uno de ellos.

"Las administraciones sabrán hacerlo", ha apostillado.

El Supremo ha rechazado hoy que se pueda invocar la objeción de conciencia a EpC en tres casos de padres de Asturias y uno de una familia de Andalucía.

Cabrera ha pedido a los padres objetores que "atiendan" a este fallo judicial, que es "muy claro", y los ha invitado a "pasar página" y a entender el valor de los contenidos de la asignatura.

La ministra ha reiterado que queda "absolutamente claro" que "no cabe la objeción" y la asignatura es como todas las demás, obligatoria en la Ley Orgánica de Educación.

Ninguna administración puede dejar de cumplir las leyes, ha añadido, así que espera que la sentencia tenga consecuencias en este sentido.

Ha asegurado que el fallo indica que los decretos estudiados por el tribunal no suponen un atentado contra los derechos de los padres y "unifica" la doctrina jurídica.

Cabrera ha lamentado el tiempo perdido en este debate cuando hay temas importantes como combatir el fracaso y el abandono escolar, mejorar la comprensión lectora de los estudiantes y mejorar la calidad educativa.

Ha vuelto a defender la materia porque forma ciudadanos en valores democráticos, que es "obligación" del sistema educativo.

"Ciudadanos somos todos, independientemente de nuestras creencias", ha agregado.

Preguntada por la disparidad de los libros de texto, ha reiterado que existe la libertad de edición, que el sistema educativo es plural y que la inspección educativa está para atender las reivindicaciones que pudieran surgir en esta cuestión.

Por último, ha insistido en que no conocía más detalles de la sentencia que los que figuran en la nota publicada por el tribunal.