El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, aseguró hoy que tanto la fecha de caducidad para 2015 del trasvase Tajo-Segura como la reserva de 600 hectómetros cúbicos en cabecera “son propuestas socialistas”.
Cerdá se refirió a la información publicada esta semana en un medio nacional, que recogía que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, ha elaborado una propuesta para crear una reserva estratégica de 600 hectómetros cúbicos en la propia cabecera del Tajo, y no para toda la cuenca, como decía el texto del Estatuto castellano-manchego que llegó al Congreso de los Diputados.
El consejero remarcó que el Gobierno regional “sigue instalado en la coherencia para defender los intereses de los regantes” frente a la “incertidumbre e incoherencia que han sembrado los socialistas murcianos sobre el futuro del Tajo-Segura durante los últimos cuatro años”.
Cerdá explicó que el Partido Socialista en la Región, con su secretario general a la cabeza, “debe recuperar la memoria, porque con su sumisión a Madrid, ha ido en contra de los intereses de los murcianos al votar en contra del trasvase del Ebro y apoyar la disposición adicional primera del Plan Hidrológico Nacional, que recoge la reducción del caudal trasvasable del Tajo a medida que se ponen en marcha nuevas infraestructuras”.
“Desde Murcia las posturas están claras”, apostilló el consejero murciano, quien dijo que “nuestro planteamiento no deja ningún resquicio que pueda dar pie a alguna incertidumbre sobre la continuidad del acueducto”. En este sentido, destacó que “el Gobierno regional ha mantenido siempre el mismo criterio” y apuntó que “defendemos que Murcia tenga una dotación de agua estable y permanente”, frente a la posición “incoherente” del Partido Socialista.
El responsable autonómico afirmó que “el Gobierno central tiene la oportunidad de poner orden a todo este caos que durante esta última legislatura se ha generado en torno al agua”. Añadió que “el Estatuto reúne tantos artículos de inconstitucionalidad e invade tantas competencias del Estado, que lo más prudente y positivo es que se retirara y se devolviera otra vez a las Cortes castellano-manchegas”. “Esto es lo más sensato si de verdad hubiera voluntad por parte del Ejecutivo socialista de resolver el problema del agua”, apostilló el consejero de Agricultura y Agua, porque “al agua no se le puede poner fronteras”.
Cronología del Estatuto
Cerdá aseguró que “la inquietud y la incertidumbre” creada sobre el trasvase arrancó en mayo de 2004 en un primer compromiso del Gobierno central con el presidente Barreda para garantizar el interés hidráulico de Castilla La Mancha. Posteriormente, en una reunión que tuvo lugar en julio de ese mismo año en el Palacio de La Moncloa, el presidente castellano-manchego plantea al jefe del Ejecutivo central la revisión de la regulación del trasvase y meses después, miles de personas en Picazo se manifiestan a favor del cierre del acueducto.
El debate sobre el Estado de la Región de Castilla-La Mancha fue el “punto de inflexión” del problema que se debate en estos momentos, en el que se propuso la reforma del Estatuto castellano-manchego que contempla la caducidad del trasvase y “se abrió la brecha de la insolidaridad y del dogmatismo hídrico”. A partir de este momento, se paralizó el túnel del Talave-Cenajo, y el 14 de marzo de 2005 se materializa el “acuerdo histórico” sobre la caducidad del trasvase tras un encuentro que mantienen Barreda y Narbona.
Ocho días después, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego comparece en las Cortes para explicar el acuerdo y un año más tarde del origen de la negociación, se modifica la ley del Plan Hidrológico Nacional que recoge la disposición adicional primera que contempla “la sustitución de agua desalada por trasvasada”. A partir de este momento, comienza a iniciarse el proyecto de la reforma estatutaria que se debate actualmente en el Congreso de los Diputados.