Murcia, 18 dic (EFE).- Los tres arquitectos murcianos, dos de ellos municipales, que prestaron hoy declaración ante el titular del juzgado número 1 de San Javier por supuestos delitos contra la Hacienda Pública, negociaciones prohibidas a funcionarios y asociación ilícita, salieron en libertad sin fianza y con la obligación de comparecer cada 15 días.

Los tres arquitectos detenidos en la operación "Valhala" de la Guardia Civil de Murcia, Miguel Botella, funcionario del ayuntamiento de San Javier; José Mariano Sánchez Martini, funcionario de Fuente Álamo, y Juan Pedro Sánchez Trapero, trabajaban como socios a través de la empresa Gruparq-3, informaron fuentes próximas al caso.

En la operación se detuvo también como imputadas a las esposas de los tres profesionales, que figuran como administradoras únicas de la citada sociedad, y que quedaron ayer en libertad tras prestar declaración ante el juez.

Según las mismas fuentes, los honorarios devengados entre los tres arquitectos en el último año fue de 24 millones de euros, y ahora se deberá considerar si la empresa de las mujeres es "una pantalla", "levantar el velo" y ver si el dinero pertenece a los maridos, por lo que Hacienda deberá "recalcular" si ha habido fraude fiscal.

Durante los dos días de toma de declaración se ha acreditado la existencia de negociaciones prohibidas a funcionarios, delito que tiene una pena de multa y de suspensión de empleo público.

Las mismas fuentes indicaron que el delito de asociación ilícita, que se asocia normalmente a casos de terrorismo o bandas organizadas, y que conlleva penas de entre dos y cuatro años de prisión, sólo se ha tenido en cuenta en cuestiones económicos en un caso, el del presidente de la consultoría Filesa, que data de principios de la década de los 90.

El estudio documentación incautada durante los registros efectuados en los despachos municipales de Botella y Sánchez Martini, así como en la empresa Gruparq-3 permitirá conocer si los arquitectos incurrieron en otro tipo de delitos.EFE