El diputado regional socialista, Bartolomé Soler, ha reclamado que la Comunidad Autónoma asuma el coste del Consorcio Regional de Extinción de Incendios en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Soler explicó que en el resto de las comunidades autónomas uniprovinciales como es el caso de Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Madrid, Baleares, los gastos del servicio para la atención a municipios de menos de 20.000 habitantes son asumidos en su práctica totalidad por los gobiernos autonómicos.

Para ello, ha presentado una enmienda a los Presupuestos regionales para 2009 en la que pide que se aumente la consignación al Consorcio Regional de Extinción de Incendios y Salvamento. Dicha enmienda tiene por objeto compensar la pérdida de ingresos por la exoneración del pago a dicho consorcio de las citadas administraciones locales que no disponen de servicio de extinción propio.

Los municipios de menos de 20.000 habitantes no están obligados a prestar Servicios de Prevención y Extinción de Incendios conforme a lo establecido en el artículo 26.c de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Dicha prestación en estas entidades locales constituye una obligación de la Comunidad Autónoma, al ser la de Murcia una Región uniprovincial y asumir, por tanto, las competencias de Diputación provincial de acuerdo con el artículo 31.2.a de la Ley de Bases de Régimen Local.

En la Región de Murcia se presta el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento a través del Consorcio, a todos los municipios menos a Murcia y Cartagena, que cuentan con su propio servicio de bomberos.

De los municipios integrados en el consorcio, 30 de ellos tienen menos de 20.000 habitantes y, por tanto, no tienen obligación de prestar el servicio contra incendios. De esos 30 municipios con menos de 20.000 habitantes, 23 no tienen presencia del consorcio en sus términos municipales. Los 30 municipios suman una aportación anual al consorcio de 2,5 millones de euros.