Murcia, 25 nov (EFE).- Susana M.S., la madre biológica de la niña pedida en adopción por su compañera sentimental, declaró hoy en la segunda sesión de la vista oral seguida contra el juez de Familia Fernando Ferrín Calamita que "el proceso llegó a convertirse en una pesadilla".

Esta mujer, que declaró como testigo en el juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) contra el juez por un delito de prevaricación, añadió que "sufrí mucho por mí y por mi familia, porque no entendíamos las trabas que se ponían a la adopción, e incluso llegué a temer que me retirarían la custodia de mi hija".

Susana M.S. manifestó también que la pequeña, que tenía sólo meses cuando se inició el expediente para su adopción en el año 2006, "fue un proyecto en común que tuvimos mi compañera y yo, hasta el punto de que me acompañó cuando fui a la clínica de inseminación artificial".

Por su parte, la mujer que solicitó la adopción, Vanessa H.H., indicó que se unió en matrimonio a Susana en el año 2005, aunque desde un año antes vivían juntas.

Comentó igualmente que cuando recibieron la noticia de que el juez Ferrín Calamita había nombrado defensor judicial de la niña a la Dirección General de la Familia de la Comunidad Autónoma, "llegamos a temer que nos iban a quitar a nuestra hija".

"Nos sentimos indefensas y muy nerviosas al ver también que se solicitaba igualmente un informe sobre la idoneidad de la madre biológica que no era usual, según nos informamos", añadió.

A preguntas de la acusación particular, afirmó que "nos sentimos discriminadas por nuestra orientación sexual y no podíamos entender lo que nos estaba pasando".

Estas dos mujeres coincidieron en señalar que cuando se personaron en el Gabinete Psico-social del Juzgado de Familia para que se les realizara el informe previo a la adopción, éste ya estaba redactado, extremo éste del que discreparon sus autoras, que también declararon como testigos.

La trabajadora social Raquel N., una de las autoras del informe, indicó que, en su opinión, la adopción no iba a perjudicar a la menor, "ya que iba a seguir viviendo con su madre y en el mismo ambiente en el que ya estaba, por lo que se trataba sólo de regularizar una situación de hecho".

El jefe del Servicio de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma, José Antonio P., indicó que tras entregar el informe solicitado por el juez, Ferrín Calamita les pidió otro en el que quería que todos los psicólogos de la Dirección General de la Familia se pronunciaran sobre los beneficios o perjuicios que la adopción conllevaría para la niña.

Este testigo señaló que en el requerimiento se hacían determinadas preguntas sobre la orientación sexual de las mujeres y sus consecuencias en el desarrollo normal de la menor "que no eran fáciles de responder".

La sesión de la mañana concluyó con el testimonio del secretario del Juzgado del que era titular el acusado, Francisco G.R., quien aseguró que nunca recibió indicación alguna del juez para retrasar este expediente.

Y añadió que Ferrín Calamita "se implicaba mucho, a fondo, en beneficio de los menores; en muchos casos, no sólo en este".

En la primera sesión, celebrada ayer, el magistrado rechazó que hubiera dilatado este asunto por la orientación sexual de la adoptante y de la madre biológica, e insistió una y otra vez en que "yo sólo velé por el interés de la menor, como era mi obligación". La vista continuará mañana con nuevos testigos.

El fiscal pide para el acusado 18 años de inhabilitación y multa por un delito de prevaricación, mientras que la acusación particular solicita cuatro años de inhabilitación y multa por el mismo delito o, alternativamente, tres años de prisión e inhabilitación por cuatro años por un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales. EFE