La Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Marino y Rural ha autorizado el inicio de las obras de emergencia de la Variante del Canal del Segura en Ulea (Murcia), cuya inversión alcanza los 7,2 millones de euros y que permitirá mejorar la infraestructura de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), que garantiza el suministro urbano a una población estable de 2,5 millones de personas (3,5 millones en verano) de 79 municipios de Albacete, Alicante y Murcia.
Estas obras permitirán restituir el Canal del Segura, en el tramo existente en las inmediaciones de Ulea, lo que permitirá el transporte por él mismo de recursos procedentes del río Taibilla o del río Segura, captados en la elevación de Ojós.
Los trabajos sustituirán los primeros 250 metros de la rama actual por una tubería nueva y desdoblarán toda la rama descendente, para no limitar la capacidad máxima del Canal del Segura. Además, se ejecutará una variante de la zona afectada del Canal.
Las obras se han dividido en 4 tramos:
Tramo I (1.227 metros). Adjudicado a Alpi por 2,2 millones de euros.
Tramo II (1.050 metros). Adjudicado a Arpo por 2 millones de euros.
Tramo III (Autoportante). Adjudicado a FCC Construcción por 1,3 millones de euros.
Tramo IV (Sifón). Adjudicado a Grupo Generala por 1,7 millones de euros.
Garantizar el abastecimiento a la población es el principal objetivo de esta actuación, que se suma a las ya realizadas por el Gobierno de España en 2007, cuando ejecutó la ampliación de la Potabilizadora de Lorca (2,5 millones de euros de inversión) y la conexión del Valle de Ricote y Vega Media con la Potabilizadora de Sierra de la Espada (4 millones de euros).
Gracias a estas actuaciones, se evitan posibles restricciones como los que se produjeron en los 21 municipios de la Región de Murcia que sufrieron cortes de hasta 12 horas entre agosto y noviembre de 2003, los cuales no verán amenazados su desarrollo económico ni el suministro en los hogares.
Con dichas inversiones, con un importe total de 13,7 millones de euros (casi 2.300 millones de pesetas), el Gobierno de España también ha evitado su financiación por medio de la tarifa de la MCT a los ayuntamientos y su repercusión, vía tarifas municipales, a la totalidad de la población abastecida.