Murcia, 21 oct (EFE).- Los secretarios judiciales de la Región de Murcia, que hicieron hoy un paro de tres horas, y los jueces y magistrados, coincidieron en solicitar más medios humanos y materiales para evitar que un nuevo "caso Mari Luz" pueda producirse.

Los secretarios judiciales que se reunieron durante las tres horas del paro en la Sala del Jurado del Palacio de Justicia de Murcia emitieron un comunicado en el que muestran "su pleno apoyo y solidaridad" a la secretaria de Sevilla sancionada por el citado caso.

En el acuerdo se califica de "excesiva e injusta" la sanción de dos años impuesta por el Ministerio de Justicia a la secretaria judicial "para dar así satisfacción a la opinión pública ante el desgraciado caso Mari Luz".

Para los secretarios, esta sanción impuesta por la no ejecución de una condena contra el presunto asesino de la niña "desvía la atención sobre la verdadera causa de lo ocurrido, esto es, la insuficiencia de medios personales, materiales, informáticos y de gestión".

Por su parte, los magistrados de la Audiencia Provincial mostraron su apoyo a las "reivindicaciones profesionales" de los secretarios judiciales" y expusieron la necesidad de arbitrar mecanismos que permitan el conocimiento por los ciudadanos "de la realidad en la que se desarrolla nuestra función".

Finalmente, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), reunidos bajo la presidencia de su titular, Juan Martínez Moya, denunciaron "las carencias de medios materiales y las deficiencias estructurales en la gestión y reforma de la oficina judicial".

"Solicitamos a las Administraciones Públicas, dice el acuerdo del TSJ, el impulso de la modernización de la Justicia con el fin de que jueces y tribunales puedan impartir justicia con rigor, independencia y también con la agilidad y eficacia que los ciudadanos esperan".

Asimismo, mostraron su rechazo "a las injerencias de otros poderes en el cometido constitucional que los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial tienen asignado, manifestando que la independencia judicial es una garantía de los ciudadanos y un principio constitucional esencial en un Estado de Derecho".

El presidente del TSJ dijo al término de la reunión que "hay que reconocer que el esfuerzo inversor en Justicia en la Región en los últimos años ha sido grande, pero todavía queda mucho por hacer". EFE