Murcia, 16 oct (EFE).- Los presidentes de las Audiencias Provinciales han rechazado hoy las "injerencias" de responsables políticos sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación a la sanción impuesta al juez Rafael Tirado por no ejecutar un sentencia contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés.

Los magistrados, que se encuentran reunidos en Murcia, han emitido un comunicado para hacerse partícipes "del sentir muy generalizado" en la carrera judicial acerca del "trato injusto y crítica desproporcionada" por parte de algunos dirigentes políticos, que, a su juicio, son "perfectamente conocedores" de las carencias con las que se desarrolla el trabajo de muchos órganos judiciales,

Por ello, muestran su apoyo a las Juntas de Jueces convocadas para el día 21, que coincidirán con el paro de tres horas convocado para ese mismo día por los secretarios judiciales en protesta por la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a su compañera del Juzgado de Tirado por su actuación en el caso relacionado con el presunto asesino de la niña, Santiago del Valle.

Para los presidentes de las Audiencias Provinciales, las manifestaciones de algunos responsables políticos exceden de lo que es una crítica razonable y con ello anticipan responsabilidades profesionales que debe decidir "de forma exclusiva" el CGPJ, del que esperan que tome sus decisiones "de forma libre e independiente" para que el régimen disciplinario "no sea cauce de simple escarmiento ni de instrumento demagógico".

Hacen hincapié además en los fallos y carencias del sistema judicial español -sobrecarga de trabajo, falta de modernización y defectuosa gestión pública, detallan-, y creen que los jueces son también "víctimas del sistema", por lo que no pueden ser utilizados para encubrir las deficiencias de una organización con dificultades para ofrecer una tutela judicial efectiva.

Asimismo, los magistrados reiteran su compromiso y vocación de servicio para colaborar institucionalmente en la mejora de la Administración de Justicia.

Estos pronunciamientos serán sometidos a ratificación de todos los magistrados de las Audiencias Provinciales en unas reuniones convocadas por los presidentes.

Por otra parte, la Asociación de Fiscales (AF) también ha criticado las injerencias políticas en las competencias del CGPJ y se han solidarizado con la secretaria judicial Juana Gálvez, a quien la consideran el "chivo expiatorio de todo este asunto".

Este colectivo cree que no puede defenderse la irresponsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas, pero tampoco pueden exigirse "responsabilidades del siglo XXI con medios y procedimientos del siglo XIX".

La AF apoya las movilizaciones del próximo día 21 de octubre porque el caso de Mari Luz "sólo puede ser interpretado como una muestra de las fisuras del actual sistema judicial, y como tal, como un fracaso colectivo", que requiere de una fuerte inversión en medios personales y materiales reivindicada por la asociación. EFE